Friday, October 4, 2013
Wednesday, October 2, 2013
" Por arameo"..Piqué subvencionó a una empresa del grupo Villar Mir, del que es consejero
Concedió ayudas públicas a Fertiberia
http://www.elconfidencial.com/empresas/2013-10-02/pique-subvenciono-a-una-empresa-del-grupo-villar-mir-del-que-es-consejero_30972/
Un caso más de ‘puertas giratorias’, como se diría en el mundo anglosajón. Al largo listado de ilustres nombre españoles que siguieron esta senda se añade ahora el de Josep Piqué, nuevo consejero delegado de OHL, grupo empresarial de propiedad de Juan Miguel Villar Mir. Fertiberia, la división de fertilizantes de este grupo, recibió más de doscientos millones de pesetas (1,2 millones de euros) en ayudas del Ministerio de Industria entre 1996 y 2000, cuando Piqué era el responsable de este departamento. El grupo empresarial había comprado Fertiberia un año antes de Ercros, de la que el ahora exministro era presidente.
El nombramiento de Piqué como nuevo consejero delegado del coloso industrial fue oficializado esta semana. Pero la relación entre Villar Mir y el actual presidente del Círculo de Economía se remonta al menos a 1995, cuando todos eran mucho más jóvenes y España trataba de salir a flote después de varios años de severa crisis. 30 años después, la historia vuelve a repetirse.
Estamos a un año de las elecciones generales que darán el Gobierno de la nación al Partido Popular. El paro está en el 22% después de la crisis que azotó el país entre 1992 y 1993 y Josep Piqué es presidente del grupo industrial Ercros. Su filial de fertilizantes Fesa-Enfersa está a punto de ser vendida a la norteamericana Freeport por el simbólico precio de una peseta. Tres años antes, en diciembre de 1992, Fesa-Enfersa había sido declarada en suspensión de pagos. Sus deudas ascendían a 117.000 millones de pesetas (703 millones de euros), a las que había que añadir 20.000 millones (120 millones de euros) de pérdidas.
Ese mismo año había empezado el plan de reestructuración de Fertiberia, creada 'ad hoc' en 1993 como filial sustentada por los activos viables de Fesa- Enfersa. A mediados de este proceso, en marzo de 1995 Villar Mir informa de su interés por comprar la empresa de Piqué.
Piqué presidió Ercross, cuya filial Fesa-Enfersa (futura Fertiberia) vendió a Villar Mir
Tras aprobarlo el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Villar Mir se hace con el control del grupo Fesa-Enfersa a través de su empresa inmobiliaria Espacio SA. Adquiere el 53,60% de su capital por 720.000 pesetas en una compra que incluía Fertiberia y una opción de compra del 20% restante, que se materializará en 1997. Villar Mir llega así a controlar el 99,35% del capital de una empresa con un volumen de ventas de 73.900 millones de pesetas (444 millones de euros).
Ayudas y subvenciones
En 1996, Josep Piqué fue nombrado Ministerio de Industria y Energía, cargo que ostentó durante todo el primer Gobierno de Aznar. En esos cuatro años se concentran las ayudas que este ministerio concedió a Fertiberia, una empresa más dentro del holding construido en torno a OHL, empresa de la que el exministro es, desde ayer, consejero delegado.
Fertiberia cosechó dos tipos de ayudas: subvenciones por un lado y préstamos con tipo de interés bonificado -es decir, menor del que concedería un banco- por el otro. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en los dos primeros años de Piqué como ministro, Fertiber ingresó 144 millones de pesetas, 865.000 euros. Ambas ayudas entraban en el programa “Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental (PITMA)”, pensado para acompañar las empresas en su proceso de adaptación a las exigencias medioambientales.
En 1998, dentro del programa “Ahorro y Eficiencia Energética”, Fertiber recibió cinco subvenciones por sendos programas, de acuerdo con lo que se publicó el BOE. En total, sumaban 63 millones de pesetas, 379.000 euros. La última subvención por parte del Ministerio de Industria -y la última que le empresa recibió- llegó en el año 2000: 20 millones de pesetas (120.000 euros) dentro de una “Iniciativa de Apoyo a la Tecnología, la Seguridad y la Calidad Industrial”.De los 127 millones (763.000 euros) de pérdidas registrados en 1998, en el año 2000 Fertiber volvía a registrar beneficios por 350 millones de pesetas (2,1 millones).
Reestructuración bajo lupa
A mediados de los años 90, cuando Villar Mir se hace con la futura Fertiberia, la empresa está llevando a cabo un profundo plan de reestructuración. Según el Gobierno informó a la Comisión Europea, el plan ascendió a 78 millones de euros y conllevó la pérdida de 160 puestos de trabajo. Como ha podido comprobar este periódico, estas operaciones no quedaron ajenas a los ojos de Bruselas: un informe del año 2000 que firmaba Mario Monti -entonces miembro de la Comisión- ponía en duda que el condono de las deudas por parte de la Seguridad Social y del Tesoro pudieran considerarse como ayuda estatal legal.
“España ha ejecutado ilegalmente la ayuda en cuestión”, concluía el informe, que, sin embargo, matizaba: “No obstante, la Comisión estima que las medidas de ayuda en favor de Fesa-Anfersa cumplen las condiciones establecidas por las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis y, por tanto, pueden autorizarse”.
Las subvenciones concedidas fueron cuestionadas por Bruselas
Dos años después, en 2003, fue el Tribunal de Cuentas español quien puso en duda esa operación. Este organismo fiscalizó todas las operaciones llevadas a cabo por Fertiberia entre 1985 y 2000, analizando a fondo su plan de reestructuración. La ayuda pública recibida para ese procedimiento -ayuda directa para que pudiera aguantar la difícil situación del sector- procedió de Hacienda, Seguridad Social e Instituto de Crédito Oficial, en su mayoría. Según el organismo fiscalizador, 37.000 millones de pesetas (222 millones de euros), el 70% de esa ayuda, “debe considerarse como no recuperable en el futuro”. Préstamos a fondo perdido.
“Estas ayudas han sido determinantes para evitar la quiebra de Fertiberia”, señala el informe, que había sido encargado “de urgencia” por la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados. Debido a los créditos pendientes de recuperar, el Tribunal concluía que “el coste real que ha supuesto por el Sector Público estas ayudas es imposible de determinar”.
Adiós a la política
El nombramiento de Piqué al frente de OHL se mantiene en la línea de lo que él mismo anunció a mediados de septiembre: “Mi horizonte es la actividad empresarial, no volveré a la política”, aseguraba durante la presentación de su libro Cambio de Era, Un mundo en movimiento: de Norte a Sur y de Oeste a Este.
El exministro abandonó oficialmente la vida política en 2007, cuando presentó su dimisión del PPC. Desde entonces, se volcó en lo empresarial. En noviembre de 2007 fue nombrado presidente de la aerolínea de bajo coste Vueling, que dejó tras la toma de control de la empresa por parte de International Consolidated Airlines Group (IAG). Entre 2010 y 2012 presidió Bodaclick, y el año pasado se sentó en la mesa de administración del Grupo San José. Dejó el cargo este mes de septiembre.
http://www.elconfidencial.com/empresas/2013-10-02/pique-subvenciono-a-una-empresa-del-grupo-villar-mir-del-que-es-consejero_30972/
El adn franquista del PP (otra vez)
1 octubre, 2013
Video de la entrevista con la alcaldesa del PP
La alcaldesa de Quijorna (PP) ve una foto de Hitler o Franco y como si oye llover. Debe de estar tan acostumbrada que ni repara. Le recuerdo que en Alemania, hacer apología de crímenes de lesa humanidad (como los que cometió Franco) son delito y que estaría en la cárcel. La periodista Isabel Sansebastián dice que lo que queremos es llevarles al paredón. No, ni mucho menos. Lo que queremos es que defender al franquismo sea un delito. Y que los franquistas sean vistos como fascistas y que no puedan seguir pasando por demócratas. Solo eso. Esas cosas de nuestra Transición.
Sunday, September 29, 2013
Una triple investigación pone bajo la lupa las cuentas de UGT Andalucía
Varios jueces, la Junta y el propio sindicato estudian si hubo financiación ilegal
El País Sevilla 28 SEP 2013 - 20:24 CET
Francisco Fernández, secretario general de UGT Andalucía, en rueda de prensa el pasado agosto. / Paco Puentes
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Tres frentes de investigación tienen bajo la lupa en este momento la financiación de UGT Andalucía: la investigación judicial (en varios juzgados); la interna, por parte del propio sindicato, y la de la Junta de Andalucía, como víctima de la supuesta estafa.
Durante el último mes, el sindicato ligado al PSOE ha acaparado titulares con sospechas de una posible financiación irregular en Andalucía. Llueve sobre mojado, porque la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ya acusó a UGT y a CC OO de financiarse de manera ilegal con 7,6 millones gracias a sobrecomisiones “impuestas de manera arbitraria e ilegítima”. Ahora, informaciones del diario El Mundo denuncian un falseamiento sistemático para inflar facturas de UGT remitidas a la Junta de Andalucía, y así recibir fondos públicos del Ejecutivo autónomo y la UE para supuestos cursos de formación y otros conceptos. Un caso que no tiene nada que ver con el de los ERE pero que, como aquel, podría implicar financiación irregular del sindicato.
Hay ejemplos sonrojantes, como haber facturado comidas de sus empleados en la Feria de Abril de Sevilla en 2010 como parte de la negociación colectiva, o un convite para 1.600 mujeres por el Día de la Mujer Trabajadora facturado como “reuniones de los órganos de participación”. O incluso la pancarta que portó el exsecretario regional del sindicato Manuel Pastrana en una huelga, endosada a un curso de formación de celadores sanitarios financiado por la Junta. El supuesto inflado de las facturas era un sistema habitual de aparente fraude con un saldo favorable para el sindicato, logrado gracias a las diferencias contables entre las facturas reales emitidas por terceras empresas y las que finalmente remitía UGT a la Junta como gastos para percibir subvenciones.
Durante el último mes, el sindicato ligado al PSOE ha acaparado titulares con sospechas de una posible financiación irregular en Andalucía. Llueve sobre mojado, porque la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ya acusó a UGT y a CC OO de financiarse de manera ilegal con 7,6 millones gracias a sobrecomisiones “impuestas de manera arbitraria e ilegítima”. Ahora, informaciones del diario El Mundo denuncian un falseamiento sistemático para inflar facturas de UGT remitidas a la Junta de Andalucía, y así recibir fondos públicos del Ejecutivo autónomo y la UE para supuestos cursos de formación y otros conceptos. Un caso que no tiene nada que ver con el de los ERE pero que, como aquel, podría implicar financiación irregular del sindicato.
Hay ejemplos sonrojantes, como haber facturado comidas de sus empleados en la Feria de Abril de Sevilla en 2010 como parte de la negociación colectiva, o un convite para 1.600 mujeres por el Día de la Mujer Trabajadora facturado como “reuniones de los órganos de participación”. O incluso la pancarta que portó el exsecretario regional del sindicato Manuel Pastrana en una huelga, endosada a un curso de formación de celadores sanitarios financiado por la Junta. El supuesto inflado de las facturas era un sistema habitual de aparente fraude con un saldo favorable para el sindicato, logrado gracias a las diferencias contables entre las facturas reales emitidas por terceras empresas y las que finalmente remitía UGT a la Junta como gastos para percibir subvenciones.
En 2012, UGT percibió 124.000 euros gracias a este repetido falseamiento de facturas emitidas solo por una empresa, Lienzo Gráfico, según informó El Mundo esta semana. Los correos electrónicos publicados muestran un “bote” que constituye jugosos márgenes de beneficio para el sindicato.
UGT y la Junta han puesto en marcha dos investigaciones internas en paralelo para aclarar los hechos, pero diferentes organizaciones han denunciado ante los juzgados sevillanos las sospechas publicadas. Y, de momento, hay tres jueces que indagan la relevancia penal de los hechos. Las diligencias previas abiertas apuntan a posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida. Es muy probable que un solo juzgado acapare todas las denuncias ahora dispersas, pero hasta que las instrucciones no avancen y señalen a presuntos responsables, no se podrá hacer esa conjunción de causas en un mismo órgano judicial, según fuentes del decanato sevillano.
El pasado agosto, los líderes de UGT admitieron posibles “errores” en la facturación de servicios con cargo a los programas de formación subvencionados y crearon un “fondo notarial” de 115.000 euros para devolver el dinero. El secretario general andaluz, Francisco Fernández, subrayó entonces que son 7.000 los cursos impartidos con facturas pendientes de aclarar. A finales de esta semana está previsto que la comisión interna del sindicato, formada por un administrativo de UGT, un abogado y un auditor externos, ofrezca sus primeras conclusiones. Sin embargo, Fernández ya ha avanzado que los 12.716 euros que costó la cena con barra libre en la Feria de Abril para sindicalistas es un claro ejemplo de error en la imputación de gastos remitidos a la Junta.
“Si las informaciones son todas ciertas, es una barbaridad. Soy el primer sorprendido”, admite Fernández, anterior secretario de organización de UGT Andalucía hasta la salida este año del histórico dirigente Manuel Pastrana. A continuación, Fernández intenta quitar hierro a las informaciones: “Trabajamos para clarificar lo que se está publicando. Me dicen que hay cuestiones sin problemas y otras con discrepancias en la facturación. A priori confío en mis compañeros, pese a que según los medios es el acabose del sindicato”, matiza. Fernández alega que ni él ni Pastrana podían fiscalizar la contabilidad de los gastos y convenios desde sus posiciones, aunque no señalan al secretario de Administración y Recursos Humanos, Federico Fresneda. Este rechazó ofrecer su parecer sobre las denuncias de falseamiento de facturas.
UGT y la Junta han puesto en marcha dos investigaciones internas en paralelo para aclarar los hechos, pero diferentes organizaciones han denunciado ante los juzgados sevillanos las sospechas publicadas. Y, de momento, hay tres jueces que indagan la relevancia penal de los hechos. Las diligencias previas abiertas apuntan a posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida. Es muy probable que un solo juzgado acapare todas las denuncias ahora dispersas, pero hasta que las instrucciones no avancen y señalen a presuntos responsables, no se podrá hacer esa conjunción de causas en un mismo órgano judicial, según fuentes del decanato sevillano.
El pasado agosto, los líderes de UGT admitieron posibles “errores” en la facturación de servicios con cargo a los programas de formación subvencionados y crearon un “fondo notarial” de 115.000 euros para devolver el dinero. El secretario general andaluz, Francisco Fernández, subrayó entonces que son 7.000 los cursos impartidos con facturas pendientes de aclarar. A finales de esta semana está previsto que la comisión interna del sindicato, formada por un administrativo de UGT, un abogado y un auditor externos, ofrezca sus primeras conclusiones. Sin embargo, Fernández ya ha avanzado que los 12.716 euros que costó la cena con barra libre en la Feria de Abril para sindicalistas es un claro ejemplo de error en la imputación de gastos remitidos a la Junta.
“Si las informaciones son todas ciertas, es una barbaridad. Soy el primer sorprendido”, admite Fernández, anterior secretario de organización de UGT Andalucía hasta la salida este año del histórico dirigente Manuel Pastrana. A continuación, Fernández intenta quitar hierro a las informaciones: “Trabajamos para clarificar lo que se está publicando. Me dicen que hay cuestiones sin problemas y otras con discrepancias en la facturación. A priori confío en mis compañeros, pese a que según los medios es el acabose del sindicato”, matiza. Fernández alega que ni él ni Pastrana podían fiscalizar la contabilidad de los gastos y convenios desde sus posiciones, aunque no señalan al secretario de Administración y Recursos Humanos, Federico Fresneda. Este rechazó ofrecer su parecer sobre las denuncias de falseamiento de facturas.
José Ginel, responsable de comunicación, define las turbias informaciones sobre la contabilidad: “Podría ser poco ético, pero ilegal, no. Francisco Fernández [secretario regional de UGT] podía firmar y cerrar convenios, pero no [decidir] cómo se facturaba”, defiende. La comisión de investigación interna de UGT espera ofrecer sus primeros resultados esta semana y la Junta confía en culminar su tarea antes de Navidades.
El incesante goteo de informaciones que minan el prestigio de UGT en Andalucía por su supuesta contabilidad irregular desde 2009 puede tener un origen claro, según sospechan fuentes del sindicato: el ERE que este año ha afectado a 159 trabajadores y un ERTE (expediente temporal) con medio centenar de trabajadores damnificados. Un equipo de informáticos contratado por UGT analiza estas semanas los ordenadores en busca del origen de la información, de momento sin resultado.
Pero las informaciones también parecen provenir de empleados actualmente en nómina, a juzgar por la enésima pequeña pesadilla de UGT: las últimas noticias sobre el exdirigente y conseguidor de los ERE Juan Lanzas, al que la juez Alaya sitúa en el centro de la trama de beneficios ilícitos. Esta última información sobre Lanzas señalaba que el exsindicalista pagó su cuota como afiliado hasta el primer trimestre de 2011, mucho tiempo después de iniciada la instrucción de los ERE y pese a que desde 2002 ya no ostentaba cargos en UGT.
El incesante goteo de informaciones que minan el prestigio de UGT en Andalucía por su supuesta contabilidad irregular desde 2009 puede tener un origen claro, según sospechan fuentes del sindicato: el ERE que este año ha afectado a 159 trabajadores y un ERTE (expediente temporal) con medio centenar de trabajadores damnificados. Un equipo de informáticos contratado por UGT analiza estas semanas los ordenadores en busca del origen de la información, de momento sin resultado.
Pero las informaciones también parecen provenir de empleados actualmente en nómina, a juzgar por la enésima pequeña pesadilla de UGT: las últimas noticias sobre el exdirigente y conseguidor de los ERE Juan Lanzas, al que la juez Alaya sitúa en el centro de la trama de beneficios ilícitos. Esta última información sobre Lanzas señalaba que el exsindicalista pagó su cuota como afiliado hasta el primer trimestre de 2011, mucho tiempo después de iniciada la instrucción de los ERE y pese a que desde 2002 ya no ostentaba cargos en UGT.
Trasladada al hospital la Pussy Riot en huelga de hambre en la cárcel
Tolokónnikova sostenía en una carta abierta que las presas son tratadas como esclavas
AFP / El País Moscú / Madrid 29 SEP 2013 - 17:06 CETNadezhda Tolokonnikova, la 'pussy riot' en huelga de hambre. / MAKSIM BLINOV (AFP)
Nadezhda Talokónnikova, una de las Pussy Riot encarceladas, ha sido trasladada al hospital en estado de gravedad debido a la huelga de hambre que mantiene desde el 23 e septiembre, según han informado altos funcionarios del Hospital, afiliado a la prisión.
Tolokónnikova fue condenada a dos años de prisión por haber participado en la 'oración-punk' en el altar de la catedral moscovita del Cristo Redentor, en la que las muchachas integrantes del grupo Pussy Riot pedían a la Virgen que echara al presidente Vladímir Putin del Kremlin.
En una extensa carta abierta, Tolokónnikova, de 23 años, contaba al iniciar su huelga de hambre que las presas son tratadas como esclavas, que deben trabajar 16-17 horas al día, desde las siete y media de la mañana hasta las doce y media de la noche y que, con suerte, pueden dormir cuatro horas diarias. Las obligan a trabajar casi todos los domingos y firmar que lo hacen por "voluntad propia".
Tolokónnikova también denunciaba que la administración penitenciaria se apropia de la mayor parte del dinero que ganan las presas con su trabajo. Así, "en junio de 2013 mi sueldo fue de 29 (¡veintinueve!) rublos [0,67 euros], en circunstancias que nuestra brigada cose diariamente 150 uniformes de policía. ¿Adónde va el dinero que obtienen por ellos?", escribía.
Después de que se publicara su carta abierta, que entregó a su marido cuando este la visitó, Tolokónnikova fue trasladada a una celda donde se encuentra sola con el fin de protegerla, según informaron las autoridades penitenciarias.Fuente ,El País .es
Tolokónnikova fue condenada a dos años de prisión por haber participado en la 'oración-punk' en el altar de la catedral moscovita del Cristo Redentor, en la que las muchachas integrantes del grupo Pussy Riot pedían a la Virgen que echara al presidente Vladímir Putin del Kremlin.
En una extensa carta abierta, Tolokónnikova, de 23 años, contaba al iniciar su huelga de hambre que las presas son tratadas como esclavas, que deben trabajar 16-17 horas al día, desde las siete y media de la mañana hasta las doce y media de la noche y que, con suerte, pueden dormir cuatro horas diarias. Las obligan a trabajar casi todos los domingos y firmar que lo hacen por "voluntad propia".
Tolokónnikova también denunciaba que la administración penitenciaria se apropia de la mayor parte del dinero que ganan las presas con su trabajo. Así, "en junio de 2013 mi sueldo fue de 29 (¡veintinueve!) rublos [0,67 euros], en circunstancias que nuestra brigada cose diariamente 150 uniformes de policía. ¿Adónde va el dinero que obtienen por ellos?", escribía.
Después de que se publicara su carta abierta, que entregó a su marido cuando este la visitó, Tolokónnikova fue trasladada a una celda donde se encuentra sola con el fin de protegerla, según informaron las autoridades penitenciarias.Fuente ,El País .es
Friday, September 20, 2013
El Gobierno quiere 'militarizar' la Administración del Estado
Propone que los oficiales del Ejército puedan pasar a ser funcionarios civiles y trasladen a sus nuevos compañeros los "valores aprehendidos dentro de la institución militar
Aseguraba esta semana Cristóbal Montoro que España no tardaría en asombrar de nuevo el mundo y puede que el Gobierno esté a punto de conseguirlo. A propuesta de Defensa, el Consejo de Ministros estudiará próximamente un proyecto para modificar la carrera militar que, en esencia, consiste en convertir a militares de carrera en funcionarios civiles y, ya de paso, ‘militarizar' la Administración del Estado.
Más allá de intentar recolocar a los altos mandos militares que sobran en el mastodóntico cuerpo de oficiales del Ejército, la memoria explicativa del proyecto da cuenta también de otro objetivo no menos ambicioso: "beneficiar al resto de las Administraciones públicas del potencial y la experiencia de este personal a través de los valores aprehendidos dentro de la institución militar, generando al mismo tiempo una cultura de defensa y cercanía entre el mundo civil y militar".
La modificación de la ley 39/2007 de la Carrera Militar regulará una nueva situación administrativa a la que se denominará "servicio en otras Administraciones Públicas ajenas a la Administración Militar".
Según Defensa, ello permitirá ampliar las expectativas profesionales de los oficiales y optimizar la gestión de los recursos humanos entre las administraciones públicas. En último extremo, como ya se ha mencionado, permitirá "exportar e intercambiar los conocimientos, experiencia y valores del personal militar al resto de la Administración Pública".
Defensa hace hincapié en que se trata de "dar un impulso a la política de recursos humanos basada en el mérito, la profesionalidad y la responsabilidad: flexible y sensible a las necesidades del servicio público". Los oficiales que se acojan a esta nueva situación administrativa mantendrá su condición de militares, si bien en suspenso.
Más allá de intentar recolocar a los altos mandos militares que sobran en el mastodóntico cuerpo de oficiales del Ejército, la memoria explicativa del proyecto da cuenta también de otro objetivo no menos ambicioso: "beneficiar al resto de las Administraciones públicas del potencial y la experiencia de este personal a través de los valores aprehendidos dentro de la institución militar, generando al mismo tiempo una cultura de defensa y cercanía entre el mundo civil y militar".
Los militares exportarán sus "valores" a los funcionarios civiles
Entre estos valores, obviamente, están el orden, la disciplina, el espíritu de sacrificio y el amor a España que, por lo visto, el Gobierno del PP debe de echar en falta entre los funcionarios civiles del Estado.La modificación de la ley 39/2007 de la Carrera Militar regulará una nueva situación administrativa a la que se denominará "servicio en otras Administraciones Públicas ajenas a la Administración Militar".
Según Defensa, ello permitirá ampliar las expectativas profesionales de los oficiales y optimizar la gestión de los recursos humanos entre las administraciones públicas. En último extremo, como ya se ha mencionado, permitirá "exportar e intercambiar los conocimientos, experiencia y valores del personal militar al resto de la Administración Pública".
Defensa hace hincapié en que se trata de "dar un impulso a la política de recursos humanos basada en el mérito, la profesionalidad y la responsabilidad: flexible y sensible a las necesidades del servicio público". Los oficiales que se acojan a esta nueva situación administrativa mantendrá su condición de militares, si bien en suspenso.
Monday, September 16, 2013
La reforma de Bañez hurta a los pensionistas 33.000 millones en nueve años
La memoria económica del proyecto del Gobierno remitida al Consejo Económico y Social contempla ahorros anuales de 5.000 millones a partir de 2019, cuando se introduce el llamado Factor de Sostenibilidad
EUROPA PRESS Madrid 16/09/2013 19:21 Actualizado: 16/09/2013 19:38El Gobierno estima que la aprobación en sus actuales términos de la reforma de las pensiones presentada la pasada semana permitirá a la Seguridad Social ahorrar 810 millones de euros ya en 2014 con la aplicación del nuevo índice de revalorización anual de las pensiones. Desde 2015 estos cambios permitirían aumentar el ahorro de forma progresiva hasta alcanzar los alrededor de 5.000 millones de euros anuales a partir de 2019, cuando también entre en vigor el factor de sostenibilidad (FS), hasta 2022. En total, 33.000 millones de euros menos a pagar en el capítulo de pensiones en los próximos nueve años.
Así lo estima en la memoria del impacto económico del anteproyecto de Ley para la regulación del Factor de Sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de la Seguridad Social remitido al Consejo Económico y Social (CES), al que ha tenido acceso Europa Press. Según el anteproyecto de Ley está previsto que, de aprobarse en los próximos meses el texto sin cambios de calado, en 2014 sea de aplicación ya este nuevo indicador de revalorización, que sustituirá al IPC y que tendrá en cuenta no sólo la evolución de la inflación, sino también los ingresos y gastos del sistema para garantizar en todo momento que el sistema paga a los pensionistas el importe que puede soportar.
Concretamente, para revalorizar las pensiones de un determinado año se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones corrientes de los seis años anteriores y la estimación de ese año y los cuatro siguientes (un total de 11 años), a excepción de los correspondientes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Además, se deducirán de estos capítulos los ingresos y gastos referidos a las prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y a las pensiones no contributivas, salvo los complementos a mínimos.
Así, en los años en que el saldo resultante de estos cálculo gastos e ingresos sea menos favorable las pensiones, se revalorizarán previsiblemente por debajo del IPC interanual, aunque siempre con un mínimo del 0,25%. Por el contrario, en los momentos de bonanza éstas podrán incrementarse hasta un 0,25% por encima de la inflación.
El Gobierno, que en su último cuadro macroeconómico prevé que la Seguridad Social cierre todos los ejercicios hasta 2016 en déficit, asegura que con este nuevo indicador el sistema podría reducir sus desequilibrios en 809,6 millones de euros en 2014, en 1.640 millones en 2015, en 2.490 millones en 2016, en 3.359 millones en 2017 y en 4.242 millones en 2018.
Más adelante, el Gobierno espera aplicar el Factor de Sostenibilidad para las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2019, con el objetivo de ajustar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados en cada momento. Este factor de "equidad intergeneracional" se aplicará una única vez para calcular la pensión de esas nuevas altas, de manera que la prestación que recibirán (previsiblemente durante más años al aumentar la esperanza de vida) será equivalente a la obtenida por quien se haya jubilado con anterioridad.
En este punto, . como los años necesarios para recibir el 100% de la prestación o el cálculo de la base reguladora para evitar que esta reforma se solapara con la puesta en marcha en 2011 y que aún está afectando a estos elementos. Una vez entre en marcha este mecanismo en 2019, el Gobierno espera que la reducción de los desequilibrios de las cuentas de la Seguridad Social ronde ya los 5.000 millones anuales hasta 2022.
Mientras el informe de impacto del anteproyecto de Ley de reforma de las pensiones deja claro que la Seguridad Social ahorrará miles de millones actuando sobre la cuantía de las pensiones, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado este lunes en declaraciones Onda Cero que "las pensiones ganarán poder adquisitivo a medio y largo plazo con toda claridad".
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