Friday, November 29, 2013
Wednesday, November 27, 2013
Escándalo en Francia por la pensión de oro del primer ejecutivo de Peugeot
Philippe Varin cobraría 21 millones de euros cuando deje el cargo
La patronal denuncia el caso a su comisión de deontología
El anuncio de que Philippe Varin, actual presidente ejecutivo de Peugeot-Citröen (PSA), cobrará una pensión de 21 millones de euros si decide jubilarse el año que viene, una vez sea sustituido al frente del grupo por Carlos Tavares, actual número uno de Renault, ha generado un escándalo mayúsculo en Francia. Gran parte de la clase política ha condenado la cláusula que garantiza una cómoda vejez al todavía patrón de Peugeot, que ingresaría un total de 310.000 euros netos anuales durante 25 años. La patronal MEDEF ha anunciado a través de su cuenta en Twitter que elevará el caso a su comisión ética y deontológica.
La cláusula secreta firmada por Varin con la familia Peugeot ha sido revelada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en una nota que afirma que PSA ha provisionado ya en sus cuentas como gasto futuro los 21 millones de euros que le costaría el complemento de la jubilación de Varin, que si decide jubilarse el año que viene percibirá 26.000 euros netos mensuales.
El sindicato ha recordado que la empresa de automoción pasa por graves dificultades y acaba de congelar los salarios de sus trabajadores después de que los obreros hicieran una huelga de hambre de 43 días y de aprobar un plan que prevé ahorrar de 125 millones anuales.
El ministro de Industria, Arnaud Montebourg, ha afirmado que el montante de la pensión “es inapropiado y debe ser reconsiderado”, mientras su compañero Harlem Désir, primer secretario del Partido Socialista, ha sido bastante más duro: “Es una indecencia y una irresponsabilidad”, ha dicho.
La derecha ha mantenido dos posturas, una crítica y otra comprensiva: “Es simplemente indecente marcharse con una pensión como esa cuando se ha fracasado al liderar Peugeot y no se ha podido salvar un cierto número de empleos”, ha dicho el diputado de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) Bruno Le Maire, mientras su compañero Bernard Acccoyer disentía y advertía del peligro de censurar esas prácticas: “Si seguimos dándoles golpes de todo tipo, acabaremos por no tener directivos en las empresas francesas”.
El Frente Nacional ha expresado su “estupor”, y ha criticado al presidente de la República, François Hollande, por no haber cumplido su promesa electoral de “acabar con la deriva de las grandes finanzas”. La formación de extrema derecha pide a Varin que renuncie a su pensión.
El centrista Hervé Morin, de la Unión de Demócratas e Independientes (UDI), sostiene que la pensión de oro “plantea como siempre el problema de los excesos del capitalismo”, y exige que las remuneraciones de los directivos, sus pensiones y ventajas fiscales sean “aprobadas en las juntas generales de accionistas para acabar con los amaños entre amigos”.
El aludido ha replicado con mucha calma a los ataques, diciendo que las reacciones adversas “se basan en falsas ideas”, pero sin desmentir ni aclarar las informaciones. “No cobraré ni ahora ni después la suma de 21 millones de euros”, ha dicho Varin, médico de profesión y nacido en Reims en 1952. En declaraciones a la radio France Info, el ejecutivo ha afirmado que se beneficiará de “una pensión complementaria por un montante neto anual de 300.000 euros”, una cantidad que equivale “a un tercio” de su salario actual.
PSA ha defendido el acuerdo alcanzado con su presidente, y ha recordado que cuando el grupo cotizaba en el índice CAC 40 de la Bolsa de París, Varin ganaba 1,3 millones de euros anuales, “el salario más bajo de la clasificación”, y que renunció a la parte variable del sueldo. Según el grupo, “tampoco es seguro” que Varin se jubile cuando deje el puesto actual.
fuente el país.esLa cláusula secreta firmada por Varin con la familia Peugeot ha sido revelada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en una nota que afirma que PSA ha provisionado ya en sus cuentas como gasto futuro los 21 millones de euros que le costaría el complemento de la jubilación de Varin, que si decide jubilarse el año que viene percibirá 26.000 euros netos mensuales.
El sindicato ha recordado que la empresa de automoción pasa por graves dificultades y acaba de congelar los salarios de sus trabajadores después de que los obreros hicieran una huelga de hambre de 43 días y de aprobar un plan que prevé ahorrar de 125 millones anuales.
El ministro de Industria, Arnaud Montebourg, ha afirmado que el montante de la pensión “es inapropiado y debe ser reconsiderado”, mientras su compañero Harlem Désir, primer secretario del Partido Socialista, ha sido bastante más duro: “Es una indecencia y una irresponsabilidad”, ha dicho.
La derecha ha mantenido dos posturas, una crítica y otra comprensiva: “Es simplemente indecente marcharse con una pensión como esa cuando se ha fracasado al liderar Peugeot y no se ha podido salvar un cierto número de empleos”, ha dicho el diputado de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) Bruno Le Maire, mientras su compañero Bernard Acccoyer disentía y advertía del peligro de censurar esas prácticas: “Si seguimos dándoles golpes de todo tipo, acabaremos por no tener directivos en las empresas francesas”.
El Frente Nacional ha expresado su “estupor”, y ha criticado al presidente de la República, François Hollande, por no haber cumplido su promesa electoral de “acabar con la deriva de las grandes finanzas”. La formación de extrema derecha pide a Varin que renuncie a su pensión.
El centrista Hervé Morin, de la Unión de Demócratas e Independientes (UDI), sostiene que la pensión de oro “plantea como siempre el problema de los excesos del capitalismo”, y exige que las remuneraciones de los directivos, sus pensiones y ventajas fiscales sean “aprobadas en las juntas generales de accionistas para acabar con los amaños entre amigos”.
El aludido ha replicado con mucha calma a los ataques, diciendo que las reacciones adversas “se basan en falsas ideas”, pero sin desmentir ni aclarar las informaciones. “No cobraré ni ahora ni después la suma de 21 millones de euros”, ha dicho Varin, médico de profesión y nacido en Reims en 1952. En declaraciones a la radio France Info, el ejecutivo ha afirmado que se beneficiará de “una pensión complementaria por un montante neto anual de 300.000 euros”, una cantidad que equivale “a un tercio” de su salario actual.
PSA ha defendido el acuerdo alcanzado con su presidente, y ha recordado que cuando el grupo cotizaba en el índice CAC 40 de la Bolsa de París, Varin ganaba 1,3 millones de euros anuales, “el salario más bajo de la clasificación”, y que renunció a la parte variable del sueldo. Según el grupo, “tampoco es seguro” que Varin se jubile cuando deje el puesto actual.
Monday, November 25, 2013
Día Naranja, 25 de octubre del 2013 «Espacios seguros para las mujeres y las niñas»
<>POR ARAMEO<>
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En julio del año pasado la campaña del Secretario General ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres proclamó el día 25 de cada mes como el Día Naranja. La conmemoración, puesta en marcha y liderada por la Red Global de Jóvenes de la Campaña ÚNETE, incluye actividades llevadas a cabo por las oficinas del Sistema de Naciones Unidas y la sociedad civil en todo el mundo, a fin de destacar todo lo relacionado con la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, no sólo una vez al año, el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres), sino cada mes.
Con el lema «Espacios seguros para las mujeres y las niñas», este año la Campaña ÚNETE centra las actividades del Día Naranja en destacar las recomendaciones 
contenidas en las conclusiones acordadas durante la 57ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU 
(CSW57) celebrada en marzo de este año. En abril, ÚNETE se centró en «Espacios de trabajo seguros para mujeres y niñas», en mayo se destacó el tema, «Hogares seguros para mujeres y niñas» en junio el Día Naranja coincidió con el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura (26 de junio) y la campaña se centró en «Tutela y cuidado del Estado para lograr espacios seguros para las mujeres y las niñas». En julio se destacó el tema «El ciberespacio como espacio seguro para las mujeres y las niñas» mientras que en agosto el lema trabajado fue «Violencia sexual en contra de mujeres y niñas en situación de conflicto» . Con ocasión del Día Internacional de la Niña, que se conmemora el 11 de octubre, el tema para el Día Naranja de septiembre es «Escuelas Seguras para las Niñas», y el 25 de octubre, la campaña ÚNETE destacará los «Espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas». ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS PARA MUJERES Y NIÑAS
El acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios públicos son cuestiones de todos los días para las mujeres y niñas de todo el mundo y constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres. Las mujeres y las niñas experimentan diferentes tipos de violencia sexual en los espacios públicos, como son el acoso sexual, violación sexual y/o el femicidio/feminicidio. Esta violencia puede tener lugar en la calle, en el transporte público, en los parques, en los alrededores de las escuelas, en lugares de trabajo y en otros espacios públicos de las áreas urbanas y rurales. Algunos casos son publicitados y reciben la atención de los medios de comunicación y del público en general, mientras que la mayoría de los casos no son denunciados y no se abordan.
La violencia y el miedo a la violencia reducen la libertad de movimiento de las mujeres y los derechos de acceso, educación, trabajo, recreación y servicios esenciales y pueden limitar su participación en la vida política. También afecta negativamente a su salud y a su bienestar. A pesar de estas consecuencias de gran alcance, la violencia contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos sigue siendo un ámbito que no se ha trabajado, con pocas leyes o políticas para prevenir y abordarla.
57ª COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER
Durante la 57ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, los gobiernos adoptaron una serie de compromisos a fin de crear espacios públicos seguros para mujeres y niñas:
Por primera vez, la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer durante su 57º sesión, el más alto órgano normativo global sobre los derechos de las mujeres, incluyó específicamente varias cláusulas en su documento de conclusiones convenidas dedicadas a la seguridad de las mujeres y las niñas en los espacios públicos y en particular, en las ciudades. Expresó «profunda preocupación sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en espacios públicos, incluido el acoso sexual, especialmente cuando se está utilizando para intimidar a las mujeres y niñas que están ejerciendo cualquiera de los derechos humanos y las libertades fundamentales». (23, p4)
Instó a los Estados a «Intensificar las medidas para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia y el acoso, en particular del acoso sexual y la intimidación, tanto en espacios públicos como privados, para combatir el problema de la seguridad y la protección, a través de las campañas de sensibilización, la participación de las comunidades locales, las leyes, las políticas y los programas de prevención del delito como la iniciativa para hacer las ciudades más seguras para las mujeres y los niños, la mejora de la planificación urbana, las infraestructuras, el transporte y el alumbrado públicos, y también a través de los medios de comunicación interactivos y las redes sociales»;. (ZZ, p13)
CIUDADES SEGURAS, UNA INICIATIVA GLOBAL
Lanzada en 2010 por ONU Mujeres, la Iniciativa Global Ciudades Seguras, que trabaja con 15 ciudades de todo el mundo, está trabajando en crear y fomentar ciudades más seguras para mujeres y niñas. Esta iniciativa se construye sobre la base de esfuerzos previos realizado por las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y los gobiernos locales en todo el mundo, y está movilizando alianzas a todos los niveles de la sociedad en dos programas principales:
- Programa Global Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y las Niñas (2010-2016) implementado por ONU Mujeres en colaboración con UN Habitat, Women in Cities International, la Comisión Huairou, The Women and Habitat Network of Latin America and the Caribbean, UCLG, Microsoft, y otros socios locales y globales. Este es el primer programa comparativo mundial que desarrolla, implementa y evalúa herramientas, políticas y enfoques integrales en la prevención y respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas en diferentes contextos. Ha sido implementado en Quito, Ecuador; Cairo, Egipto; New Delhi, India; Port Moresby, Papúa Nueva Guinea; y Kigali, Ruanda. Dublin, Irlanda, fue la primera ciudad de un país desarrollado en adherirse a esta iniciativa global.
- En 2011, ONU Mujeres, UNICEF y UN-Habitat lanzaron el programa conjunto “Ciudades seguras y sostenibles para todos/as” en Rio de Janeiro, Brasil; San José, Costa Rica; Tegucigalpa, Honduras; Nairobi, Kenya; Beirut, Líbano; Marrakesh, Marruecos; Manila, Filipinas; y Dushanbe, Tajikistan.
Las primeras actividades en las comunidades locales han puesto de relieve que, en muchas ocasiones por primera vez, las mujeres y las niñas están identificando que la violencia y acoso sexual suponen barreras en sus vidas. Los programas también han comprometidos a jóvenes y a hombres. Con el lanzamiento del programa ciudades seguras, los gobiernos locales se han comprometido a desarrollar estrategias efectivas de prevención que otros países puedan consultar, adaptar y replicar Leer más
. http://www.un.org/es/women/endviolence/orangeday.shtml
Sunday, November 24, 2013
El abogado personal de Baltar padre cobró 500.000 euros de la Diputación
El expresidente del organismo provincial lo contrató para un pleito inmobiliario
El abogado Emilio Atrio (izquierda) y José Luis Baltar / nacho gómezEl abogado personal del cacique ourensano José Luis Baltar, defensor suyo en el proceso judicial por el enchufismo en la Diputación, Emilio Atrio, ha cobrado medio millón de euros por representar a la institución provincial en un contencioso contra una inmobiliaria. El organismo provincial contrató a Atrio la representación en los pleitos contra Flager, SA. El abogado recibió la mayor parte de los ingresos, cerca de 400.000 euros, entre 2012 y lo que va de 2013. Los pagos fueron ordenados por el hijo-sucesor del cacique coincidiendo con la defensa por el mismo abogado del ya jubilado Baltar en el proceso judicial en el que está acusado de prevaricación (el juicio se celebrará el próximo verano) por contratar a 104 personas en las semanas previas al congreso provincial del PP en el que se consumó la sucesión dinástica. La Diputación tiene un servicio jurídico con tres letrados en plantilla y Baltar justificó recientemente la contratación como asesor de la presidencia del exgerente de la disuelta Urbaourense José Cudeiro, abogado especializado en urbanismo, asegurando que tenía como objetivo “reforzar la asesoría jurídica” de la institución. Cudeiro cuesta 80.000 euros anuales a las arcas provinciales.
José Manuel Baltar Blanco ha mantenido el encargo que su padre le hizo a Atrio en 2010 para que representase a la institución en el contencioso contra la empresa inmobiliaria Flager, SA, a la que la Diputación presidida por el fundador del baltarismo le vendió terrenos de la finca Santamarina, propiedad del organismo provincial, en Mariñamansa, en el municipio de Ourense, La operación urbanística fue tildada en su día por BNG y PSdeG de “gran pelotazo” considerando que la Diputación expropió los terrenos en 1949 con el compromiso de dedicarlos a uso agrícola y en 2001 los vendió a Flager, para que edificara en ellos, por 8,4 millones de euros, aunque el perito judicial los valoró en 27,4 millones.
Según consta en la documentación oficial de la Diputación, los pagos a Atrio por esta representación comenzaron en 2010, estando aún el primero de los Baltar al frente de la institución. Fue en ese momento cuando la inmobiliaria reclamó judicialmente al organismo provincial siete millones de euros que tenía que pagar a los reversionistas de la finca. El 9 de diciembre de ese año, Baltar padre ordenó dos transferencias, cada una de ellas por importe de 32.086,56 euros, a su abogado personal para cubrir los gastos de la minuta en esta representación. Al día siguiente, la Diputación autorizó una factura más por otra cantidad idéntica.
Los pagos se reanudaron en 2012. Desde mayo de ese año, y hasta la actualidad, la Diputación —ya con el hijo-sucesor al frente— continuó ordenando transferencias a Atrio por los servicios jurídicos prestados a la institución. El 29 de mayo de 2012, la Diputación realizó tres pagos más al abogado por importe, cada uno, de 598,39 euros. En este caso las partidas se destinaban a provisión de fondos. El 24 de agosto del mismo año, Baltar hijo ordenó otros tres abonos, por 40.110,56 euros cada uno, para hacer frente a los honorarios del letrado en el procedimiento ordinario contra la inmobiliaria. Esta misma cantidad, y por el mismo concepto, fue pagada a Atrio otras tres veces consecutivas, el 28 de diciembre de 2012.
Las transferencias continuaron en 2013. En marzo de este año, José Manuel Baltar autorizó otros tres pagos, por cantidades idénticas de 41.130,32 euros, para saldar la minuta de la representación contra Flager del abogado defensor de su padre. En este mes de noviembre, la Diputación ha vuelto a transferir dos partidas más, por importe cada una de ellas de 33.991 euros, al letrado. En este caso, el reembolso se hace en concepto de gastos por “honorarios de apelación” en la misma causa contra la inmobiliaria.
El pleito entre la Diputación y Flager por la finca Santamarina se basó en la reclamación de esta última de más beneficios económicos. Ambas entidades son las dos propietarias más poderosas en la junta de compensación de la parcela en la que está prevista la instalación de El Corte Inglés.
Baltar rechazó siempre la reclamación de la oposición de construir vivienda pública —la hará privada— en el terreno que posee en esa finca después de haber realizado la venta a Flager que para BNG y PSdeG fue “lesiva para los intereses de los ciudadanos” que perdieron la posibilidad de contar con un parque de más de 17 hectáreas.
El importe que la Diputación facturó al abogado personal de Baltar por la representación en el pleito contra la inmobiliaria Flager, “es la que corresponde con los honorarios, ni más ni menos”. Así lo precisan fuentes del bufete de Emilio Atrio, que sostienen que las cantidades que la institución ourensana le pagó están relacionadas con “la reclamación millonaria en la cuantía del procedimiento”. Asimismo, precisan que con toda probabilidad será la empresa inmobiliaria la que acabe haciendo frente a esas cantidades “ya que está condenada en costas”.
En declaraciones a este diario, Romero puntualiza que aunque le paga la institución provincial no es ella quien lo contrata, sino los propios empleados a través de un convenio laboral que les permite elegir letrado y que les da derecho a que la institución les pague la defensa. “A mí jamás me contrató servicio alguno la Diputación, me llamaron los trabajadores”, sostiene Romero.
El jefe del servicio que requirió a Romero para defender a los trabajadores en el pleito laboral es miembro de una de las más emblemáticas dinastías familiares del PP que forman el entramado laboral tejido por el cacique en la Diputación. El funcionario condenado es hijo del histórico exalcalde de Esgos Manuel Ángel Rodríguez, que vinculó para siempre al fundador del baltarismo con su pueblo natal poniendo su nombre a la piscina y al polideportivo, y designándolo después hijo predilecto.
El exregidor rendido al baltarismo, que fue sucedido en la alcaldía por el cuñado del cacique, consiguió ver empleados en la Diputación a sus tres hijos, entre ellos Camilo Rodríguez, y a un sobrino, así como a alguno de los descendientes de estos. El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha apartado ahora, durante tres meses, al descendiente del exregidor de Esgos del desempeño de su jefatura en el organismo provincial.fuente el país.es
José Manuel Baltar Blanco ha mantenido el encargo que su padre le hizo a Atrio en 2010 para que representase a la institución en el contencioso contra la empresa inmobiliaria Flager, SA, a la que la Diputación presidida por el fundador del baltarismo le vendió terrenos de la finca Santamarina, propiedad del organismo provincial, en Mariñamansa, en el municipio de Ourense, La operación urbanística fue tildada en su día por BNG y PSdeG de “gran pelotazo” considerando que la Diputación expropió los terrenos en 1949 con el compromiso de dedicarlos a uso agrícola y en 2001 los vendió a Flager, para que edificara en ellos, por 8,4 millones de euros, aunque el perito judicial los valoró en 27,4 millones.
Según consta en la documentación oficial de la Diputación, los pagos a Atrio por esta representación comenzaron en 2010, estando aún el primero de los Baltar al frente de la institución. Fue en ese momento cuando la inmobiliaria reclamó judicialmente al organismo provincial siete millones de euros que tenía que pagar a los reversionistas de la finca. El 9 de diciembre de ese año, Baltar padre ordenó dos transferencias, cada una de ellas por importe de 32.086,56 euros, a su abogado personal para cubrir los gastos de la minuta en esta representación. Al día siguiente, la Diputación autorizó una factura más por otra cantidad idéntica.
Los pagos se reanudaron en 2012. Desde mayo de ese año, y hasta la actualidad, la Diputación —ya con el hijo-sucesor al frente— continuó ordenando transferencias a Atrio por los servicios jurídicos prestados a la institución. El 29 de mayo de 2012, la Diputación realizó tres pagos más al abogado por importe, cada uno, de 598,39 euros. En este caso las partidas se destinaban a provisión de fondos. El 24 de agosto del mismo año, Baltar hijo ordenó otros tres abonos, por 40.110,56 euros cada uno, para hacer frente a los honorarios del letrado en el procedimiento ordinario contra la inmobiliaria. Esta misma cantidad, y por el mismo concepto, fue pagada a Atrio otras tres veces consecutivas, el 28 de diciembre de 2012.
Las transferencias continuaron en 2013. En marzo de este año, José Manuel Baltar autorizó otros tres pagos, por cantidades idénticas de 41.130,32 euros, para saldar la minuta de la representación contra Flager del abogado defensor de su padre. En este mes de noviembre, la Diputación ha vuelto a transferir dos partidas más, por importe cada una de ellas de 33.991 euros, al letrado. En este caso, el reembolso se hace en concepto de gastos por “honorarios de apelación” en la misma causa contra la inmobiliaria.
El pleito entre la Diputación y Flager por la finca Santamarina se basó en la reclamación de esta última de más beneficios económicos. Ambas entidades son las dos propietarias más poderosas en la junta de compensación de la parcela en la que está prevista la instalación de El Corte Inglés.
Baltar rechazó siempre la reclamación de la oposición de construir vivienda pública —la hará privada— en el terreno que posee en esa finca después de haber realizado la venta a Flager que para BNG y PSdeG fue “lesiva para los intereses de los ciudadanos” que perdieron la posibilidad de contar con un parque de más de 17 hectáreas.
El importe que la Diputación facturó al abogado personal de Baltar por la representación en el pleito contra la inmobiliaria Flager, “es la que corresponde con los honorarios, ni más ni menos”. Así lo precisan fuentes del bufete de Emilio Atrio, que sostienen que las cantidades que la institución ourensana le pagó están relacionadas con “la reclamación millonaria en la cuantía del procedimiento”. Asimismo, precisan que con toda probabilidad será la empresa inmobiliaria la que acabe haciendo frente a esas cantidades “ya que está condenada en costas”.
El bufete defiende a funcionarios
La institución provincial no solo ha facturado al abogado personal de José Luis Baltar por su representación judicial, sino también, puntualmente, a otros colaboradores del mismo bufete. Luis Romero —que ha colaborado con Atrio en la defensa del cacique en el proceso del enchufismo, así como en la de otros cargos del baltarismo que han pasado por los juzgados— prestó también servicios pagados por la Diputación a funcionarios de este organismo. Entre ellos, al responsable del gabinete de riesgos laborales de la institución, Camilo Rodríguez, acusado, junto con otros trabajadores de este servicio provincial, de un delito de lesiones imprudentes por infringir la normativa en una planta de tratamiento de residuos, lo que costó la amputación de varios dedos de una mano a un trabajador. Rodríguez fue condenado.En declaraciones a este diario, Romero puntualiza que aunque le paga la institución provincial no es ella quien lo contrata, sino los propios empleados a través de un convenio laboral que les permite elegir letrado y que les da derecho a que la institución les pague la defensa. “A mí jamás me contrató servicio alguno la Diputación, me llamaron los trabajadores”, sostiene Romero.
El jefe del servicio que requirió a Romero para defender a los trabajadores en el pleito laboral es miembro de una de las más emblemáticas dinastías familiares del PP que forman el entramado laboral tejido por el cacique en la Diputación. El funcionario condenado es hijo del histórico exalcalde de Esgos Manuel Ángel Rodríguez, que vinculó para siempre al fundador del baltarismo con su pueblo natal poniendo su nombre a la piscina y al polideportivo, y designándolo después hijo predilecto.
El exregidor rendido al baltarismo, que fue sucedido en la alcaldía por el cuñado del cacique, consiguió ver empleados en la Diputación a sus tres hijos, entre ellos Camilo Rodríguez, y a un sobrino, así como a alguno de los descendientes de estos. El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha apartado ahora, durante tres meses, al descendiente del exregidor de Esgos del desempeño de su jefatura en el organismo provincial.fuente el país.es
Friday, November 22, 2013
El Gobierno de Cospedal le retira la prestación económica a un niño de 7 años con parálisis cerebral severa
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncia las "políticas habituales" de la presidenta de la Comunidad basadas en retirar las ayudas con la excusa de revisar expediente antiguos
ARANTZA DE CASTRO Madrid 22/11/2013 07:15 Actualizado: 22/11/2013 08:50
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha retirado la prestación económica a un niño de 7 años con parálisis cerebral severa y que necesita ayuda para todas las tareas diarias. Desde la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncian este "sangrante" caso en el que, además, le "ofrecen" como alternativa la asistencia a un centro de Educación Especial de Enseñanza Reglada al que "lleva asistiendo más de un año".
El portavoz de la Plataforma, José Luis Gómez-Ocaña, ha explicado a Público que, "como todos los niños de su edad el menor está escolarizado en un centro, sólo que está adaptado a sus necesidades". Por ello, la opción que le ofrece el Ejecutivo no es algo que "le sirva como alternativa lógica", ya que "los padres tienen que escolarizar por ley al niño hasta los 16 años de edad". Además, la escolarización de un niño de su edad es gratuita y obligatoria y "nunca puede considerarse prestación o servicio asociado a la Ley de Dependencia".
La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del Ejecutivo de María Dolores de Cospedal comenzó a revisar expedientes antiguos para "revalorarlos". "Es una de las políticas habituales de Cospedal", explica el portavoz, "que se basa en retirar las prestaciones económicas a expedientes antiguos. Dicen que están revisándolos pero no hacen valoraciones de importancia, solo les retiran las ayudas".
El menor tenía de ayuda económica 440 euros La parálisis cerebral del menor se produjo por nacimiento prematuro a las 29 semanas y el pequeño de 7 años está reconocido como gran dependiente desde mayo de 2008 por lo que tenía admitida la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Sin embargo, la Consejería ha enviado ahora una propuesta de modificación del Programa Individualizado de Atención (PIA) en el que se le retira la ayuda y se le concede la alternativa ya mencionada.
"Después del último hachazo del 15% a los presupuestos en el que le quedaban unos 440 euros al mes, ahora le han retirado toda la prestación", ha explicado Gómez-Ocaña. En Castilla-La Mancha se ha reducido un 32% la partida para desarrollar la Ley de Dependencia, algo que ya ha sido denunciado por la Plataforma y admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
"Tenemos casos de grandes dependientes de 80 años cuya prestación se ha visto reducida a 26 horas al mes de ayuda a domicilio, algo que solo sirve para maquillar estadísticas porque para una persona con esas necesidades es un servicio inútil", ha sentenciado Gómez-Ocaña.fuente el país.es
ARANTZA DE CASTRO Madrid 22/11/2013 07:15 Actualizado: 22/11/2013 08:50
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha retirado la prestación económica a un niño de 7 años con parálisis cerebral severa y que necesita ayuda para todas las tareas diarias. Desde la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncian este "sangrante" caso en el que, además, le "ofrecen" como alternativa la asistencia a un centro de Educación Especial de Enseñanza Reglada al que "lleva asistiendo más de un año". El portavoz de la Plataforma, José Luis Gómez-Ocaña, ha explicado a Público que, "como todos los niños de su edad el menor está escolarizado en un centro, sólo que está adaptado a sus necesidades". Por ello, la opción que le ofrece el Ejecutivo no es algo que "le sirva como alternativa lógica", ya que "los padres tienen que escolarizar por ley al niño hasta los 16 años de edad". Además, la escolarización de un niño de su edad es gratuita y obligatoria y "nunca puede considerarse prestación o servicio asociado a la Ley de Dependencia".
La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del Ejecutivo de María Dolores de Cospedal comenzó a revisar expedientes antiguos para "revalorarlos". "Es una de las políticas habituales de Cospedal", explica el portavoz, "que se basa en retirar las prestaciones económicas a expedientes antiguos. Dicen que están revisándolos pero no hacen valoraciones de importancia, solo les retiran las ayudas".
El menor tenía de ayuda económica 440 euros La parálisis cerebral del menor se produjo por nacimiento prematuro a las 29 semanas y el pequeño de 7 años está reconocido como gran dependiente desde mayo de 2008 por lo que tenía admitida la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Sin embargo, la Consejería ha enviado ahora una propuesta de modificación del Programa Individualizado de Atención (PIA) en el que se le retira la ayuda y se le concede la alternativa ya mencionada.
"Después del último hachazo del 15% a los presupuestos en el que le quedaban unos 440 euros al mes, ahora le han retirado toda la prestación", ha explicado Gómez-Ocaña. En Castilla-La Mancha se ha reducido un 32% la partida para desarrollar la Ley de Dependencia, algo que ya ha sido denunciado por la Plataforma y admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
"Las alternativas son para maquillar las estadísticas"
"Queremos denunciar que la intención última del Ejecutivo que preside Cospedal es la revisión de oficio de todos los expedientes para retirarles la prestación que estaban recibiendo", ha manifestado el portavoz. Además, le ofrecen otra que "únicamente es utilizable para maquillar las estadísticas pero muy alejada de las necesidades reales del dependiente", ha expresado. "Tenemos casos de grandes dependientes de 80 años cuya prestación se ha visto reducida a 26 horas al mes de ayuda a domicilio, algo que solo sirve para maquillar estadísticas porque para una persona con esas necesidades es un servicio inútil", ha sentenciado Gómez-Ocaña.fuente el país.es
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Wednesday, November 20, 2013
La multinacional de la talidomida, condenada a pagar indemnizaciones millonarias a afectados españoles
Tendrá que abonar unos 20 millones de euros a una veintena de afectados, que padecen acortamiento de brazos y piernas porque sus madres tomaron el fármaco prescrito para las náuseas del embarazo
A.M. Madrid 20/11/2013 11:35 Actualizado: 20/11/2013 19:54 El número de beneficiarios será de un máximo de 24 personas, que fueron las incluidas en la demanda de la asociación de afectados AVITE, y se acordará en fase de ejecución de sentencia teniendo en cuenta la acreditación de sus afecciones y si ya reciben otras ayudas como las de la Fundación Contergan (en este último caso, excluirían la indemnización).
La sentencia establece como "hecho absolutamente notorio" que la talidomida tuvo "una clara incidencia en el aumento considerable de malformaciones congénitas a principios de los años 60", y son indudables sus efectos "perversos y adversos" en bebés nacidos de madres que lo ingirieron como medicina congra las náuseas del embarazo.
"Las malformaciones detectadas afectaban fundamentalmente a los brazos y antebrazos, produciendo un acortamiento de los mismos en la porción más cercana al tronco, en un fenómeno que se vino a llamar 'focomelia', aunque también se han objetivado alteraciones en otros órganos, incluso en órganos internos", añade la sentencia.
El fallo ha sido dictado por la jueza de Primera Instancia número 90 de Madrid, Gema Susana Fernández Díaz, que estima parcialmente la demanda de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) contra la empresa alemana Grünenthal Pharma S.A.
La sentencia es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Fuentes de AVITE señalaron que están estudiando la sentencia pero que, en principio, beneficiará a las 24 personas que están reconocidas como afectados en la demanda, cuyas minusvalías oscilan entre un 30 y un 90%, con una media aproximada del 50%. Ello permite calcular que recibirán una media de un millón de euros de indemnización, y que el desembolso de la multinacional alemana, si los tribunales superiores confirman el fallo, será de unos 24 millones de euros.
La jueza acota los beneficiarios de la indemnización en esta causa a esa veintena de afectados, ya que entiende que no procede hacer un pronunciamiento de condena indefinido en cuanto a los sujetos susceptibles de ser indemnizados, pese a que AVITE lo defendió alegando que era una demanda colectiva. En total en España se calcula que hay unos 180 afectados por el fármaco.
Según la sentencia, en la determinación de la condena a Grünenthal no puede olvidarse que la propia multinacional ha asumido pública y mundialmente la responsabilidad por los daños derivados de la fabricación, distribución y consumo de los medicamentos con talidomina, por lo que ahora no puede defender haber actuado de forma diligente.
Asimismo, la jueza rechaza, pese a los más de 50 años transcurridos desde que se produjeron los hechos, la prescripción de los mismos, argumentando que en fechas recientes se ha conocido que los afectados pueden aún seguir padeciendo daños secundarios y tardíos, y en la actualidad todavía no se tiene un conocimiento seguro y exacto del alcance de las lesiones y secuelas provocadas por la talidomida.fuente publico.es
Sentencia del caso de la Talidomida (PDF)
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Saturday, November 16, 2013
25 años de Inlavables
Los Inlavables, monumento musical extremeño
Los monumentos de los que una ciudad puede enorgullecerse no siempre son de piedra. Ni centenarios. Badajoz alberga uno, Los Inlavables, que ahora cumplen 25 años y que han conseguido erigirse en ejemplo de fidelidad a la música, sin concesiones que hayan distraído su entusiasmo por el rock y el blues de las últimas décadas.
La banda Los Inlavables, con su vocalista Gene García a la cabeza, ha llenado todo un cuarto de siglo de música en la capital pacense y Extremadura y ha extendido su fama en actuaciones 'gourmet' por toda la península.
Su trabajo tiene reconocimiento social y de los críticos, aunque paralelamente no se haya alterado su inveterada costumbre de tener que producirse y autofinanciar sus propios discos, asumiendo todos los riesgos de esta tarea. Nunca se propusieron hacerse ricos con la música. Y, a cambio de conseguirlo, han logrado ser dueños de su propia evolución musical.
HOY lanza mañana el primer cedé recopilatorio de la banda pacense al cumplirse los 25 años de su fundación
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| Inlavables 2013 |
La banda Los Inlavables, con su vocalista Gene García a la cabeza, ha llenado todo un cuarto de siglo de música en la capital pacense y Extremadura y ha extendido su fama en actuaciones 'gourmet' por toda la península.
Su trabajo tiene reconocimiento social y de los críticos, aunque paralelamente no se haya alterado su inveterada costumbre de tener que producirse y autofinanciar sus propios discos, asumiendo todos los riesgos de esta tarea. Nunca se propusieron hacerse ricos con la música. Y, a cambio de conseguirlo, han logrado ser dueños de su propia evolución musical.
Homenaje
homenaje a unos músicos fieles a sus principios, que se han erigido en banda sonora de dos generaciones de extremeños, HOY lanza mañana un cedé recopilatorio de los grandes éxitos cantados por Los Inlavables en los cinco discos editados a lo largo de su vida como grupo musical, incluido el quinto trabajo, que verá la luz el próximo mes de diciembre.
A pesar de que Los Inlavables fracasaron el pasado verano en una campaña de crowdfunding para lograr la cantidad que les debía permitir el lanzamiento de este quinto disco, ese cedé podrá comprarse finalmente dentro de pocas semanas.
Pero antes, mañana 17 de noviembre, podrá también adquirirse en kioscos esta edición titulada 'Long distance train', doce de los temas más queridos de la propia banda, al precio de 6,95 euros, que estará disponible a lo largo de dos semanas.
Entre los doce temas de 'Long distance train' se encuentra 'Still no more', la canción favorita de Gene García, que cuenta una anécdota de su grabación. Cuando la cantaba en el estudio, se vio obligado a dar una nota larga que, de repente, le dejó medio asfixiado, hasta el punto de que se mareó un poco para lograrla. «Pero no se lo dije a nadie y quedó clavado», se regocija el vocalista.
Otros once temas junto a 'Still no more' integran este disco. Son: 'Hot box blues', 'I got to drink my soul', 'You gotta get soul', 'Big black lord', 'You can lose', 'Born and livin´ with the blues', 'Still haven´t found what a lookin´ for', 'Say no to the devil', 'Sittin´ on my bed' (Jumbo Gumbo), 'Waitin´' y 'I wanna be sweet'.
Gene García se muestra orgulloso de esta selección de canciones que, a su juicio, resumen acertadamente los 25 años del grupo. Son las que cantan con más gusto y las que también él prefiere, y son el secreto de la longevidad de Los Inlavables sobre los escenarios. «Es que tenemos mucho vicio de música, nos gusta mucho y no hemos ganado nada con ella», apostilla.
Gene no oculta la nostalgia que produce echar la vista atrás para hacer balance de 25 años de vida y le pone humor al mal trago. «De repente eres consciente de lo que pasaba alrededor mientras cantabas esto o aquello y te dices : Fui un gilipollas. La verdad es que me da mucha pena, porque entonces yo estaba más guapo», reconoce.
Los Inlavables han tenido diversas formaciones a lo largo de estos años y han pasado temporadas separados de Gene, actuando cada parte por su cuenta. Pero siempre han vuelto a unirse y se mantiene el núcleo duro de la banda: José Aranda, Tony el Mugriento, Pedro Calero, Holy Merchán, Andreas Barttol durante un tiempo y el propio Gene. «Por nuestro lado han pasado un montón de bandas y amigos, pero seguimos en el sitio, que es lo más importante», sentencia este último.
Ese «seguir en el sitio» ha supuesto muchas veces empeñarse hasta las cejas para financiar el siguiente disco. Ha ocurrido de nuevo ahora que van a lanzar su quinto cedé, aunque Gene cuenta que la búsqueda más laboriosa de financiación coincidió con su tercer trabajo, porque nadie parecía fiarse de la solvencia de su proyecto. «Finalmente, hubo un director de banco que tuvo mucho valor y nos dio el crédito. Yo le garanticé que le devolveríamos el dinero en la fecha fijada y así lo hicimos, aunque el payo no se lo creía», cuenta.
En realidad, Los Inlavables siempre han cumplido sus compromisos financieros porque Gene es de los que no pega ojo en cuanto debe alguna cantidad. «No me quedo tranquilo hasta que no devuelvo el dinero. Es que yo soy así», proclama.
repaso de todas las informaciones generadas en HOY por Los Inlavables a lo largo de estos años da cuenta de que se han codeado con los más grandes, no han dejado de atender ninguna llamada a participar en conciertos solidarios y han evolucionado de forma natural entre el sonido rockero de sus primeras tiempos y el desgarro del blues que practican desde hace años.
Gene recuerda los momentos en que actuaron con músicos como Sleepy LaBeef, Eric Bell, Steve Croppper o Mike Tylor. Pero también ha habido ocasiones en que se le ha escuchado renegar de sus etapas de aguerrido rockero. Aunque todo ha servido para convertirle en el cantante dúctil y profundo que hoy es, y para hacerle comprender que una carrera como la suya «tiene muchas curvas, subidas y bajadas, búsquedas para saber quien eres y momentos de no reconocerte cuando te das la vuelta. Aunque reconozco que el rock está en nuestros orígenes y cada vez que veo estas fotos me digo ¿esto que es?. ¡Es que teníamos una pinta!».
Pedro Calero es el pianista, que también asiste a la entrevista para rememorar estos 25 últimos años de Los Inlavables. Estuvo en la banda en el 2004, abandonó por motivos de trabajo y ahora vuelve a estar ahí, con un toque que pretende enriquecer el sonido del grupo porque órgano y piano se avienen muy bien con los caminos por los que Los Inlavables están transitando en su última etapa. A Calero le parece increíble que las instituciones no apoyen la conmemoración de los 25 años de una banda como Los Inlavables. Y es que el grupo no parece capaz de encontrar un espacio privado para celebrar el concierto de presentación de su quinto disco y los auditorios institucionales se hacen inaccesibles. Gene interviene entonces para recordar que la gente tiene hoy problemas más importantes que la música «porque a veces se trata de poder comer». «A nosotros no nos gusta dar el coñazo ni la gente está para comprar discos o ir a espectáculos -reconoce-; aunque sería estupendo que nos pudieran ayudar a pagar esto». Genio y figura durante 25 años y más. Fuente hoy.es
A pesar de que Los Inlavables fracasaron el pasado verano en una campaña de crowdfunding para lograr la cantidad que les debía permitir el lanzamiento de este quinto disco, ese cedé podrá comprarse finalmente dentro de pocas semanas.
Pero antes, mañana 17 de noviembre, podrá también adquirirse en kioscos esta edición titulada 'Long distance train', doce de los temas más queridos de la propia banda, al precio de 6,95 euros, que estará disponible a lo largo de dos semanas.
Entre los doce temas de 'Long distance train' se encuentra 'Still no more', la canción favorita de Gene García, que cuenta una anécdota de su grabación. Cuando la cantaba en el estudio, se vio obligado a dar una nota larga que, de repente, le dejó medio asfixiado, hasta el punto de que se mareó un poco para lograrla. «Pero no se lo dije a nadie y quedó clavado», se regocija el vocalista.
Otros once temas junto a 'Still no more' integran este disco. Son: 'Hot box blues', 'I got to drink my soul', 'You gotta get soul', 'Big black lord', 'You can lose', 'Born and livin´ with the blues', 'Still haven´t found what a lookin´ for', 'Say no to the devil', 'Sittin´ on my bed' (Jumbo Gumbo), 'Waitin´' y 'I wanna be sweet'.
Gene García se muestra orgulloso de esta selección de canciones que, a su juicio, resumen acertadamente los 25 años del grupo. Son las que cantan con más gusto y las que también él prefiere, y son el secreto de la longevidad de Los Inlavables sobre los escenarios. «Es que tenemos mucho vicio de música, nos gusta mucho y no hemos ganado nada con ella», apostilla.
Gene no oculta la nostalgia que produce echar la vista atrás para hacer balance de 25 años de vida y le pone humor al mal trago. «De repente eres consciente de lo que pasaba alrededor mientras cantabas esto o aquello y te dices : Fui un gilipollas. La verdad es que me da mucha pena, porque entonces yo estaba más guapo», reconoce.
Los Inlavables han tenido diversas formaciones a lo largo de estos años y han pasado temporadas separados de Gene, actuando cada parte por su cuenta. Pero siempre han vuelto a unirse y se mantiene el núcleo duro de la banda: José Aranda, Tony el Mugriento, Pedro Calero, Holy Merchán, Andreas Barttol durante un tiempo y el propio Gene. «Por nuestro lado han pasado un montón de bandas y amigos, pero seguimos en el sitio, que es lo más importante», sentencia este último.
Ese «seguir en el sitio» ha supuesto muchas veces empeñarse hasta las cejas para financiar el siguiente disco. Ha ocurrido de nuevo ahora que van a lanzar su quinto cedé, aunque Gene cuenta que la búsqueda más laboriosa de financiación coincidió con su tercer trabajo, porque nadie parecía fiarse de la solvencia de su proyecto. «Finalmente, hubo un director de banco que tuvo mucho valor y nos dio el crédito. Yo le garanticé que le devolveríamos el dinero en la fecha fijada y así lo hicimos, aunque el payo no se lo creía», cuenta.
En realidad, Los Inlavables siempre han cumplido sus compromisos financieros porque Gene es de los que no pega ojo en cuanto debe alguna cantidad. «No me quedo tranquilo hasta que no devuelvo el dinero. Es que yo soy así», proclama.
repaso de todas las informaciones generadas en HOY por Los Inlavables a lo largo de estos años da cuenta de que se han codeado con los más grandes, no han dejado de atender ninguna llamada a participar en conciertos solidarios y han evolucionado de forma natural entre el sonido rockero de sus primeras tiempos y el desgarro del blues que practican desde hace años.
Gene recuerda los momentos en que actuaron con músicos como Sleepy LaBeef, Eric Bell, Steve Croppper o Mike Tylor. Pero también ha habido ocasiones en que se le ha escuchado renegar de sus etapas de aguerrido rockero. Aunque todo ha servido para convertirle en el cantante dúctil y profundo que hoy es, y para hacerle comprender que una carrera como la suya «tiene muchas curvas, subidas y bajadas, búsquedas para saber quien eres y momentos de no reconocerte cuando te das la vuelta. Aunque reconozco que el rock está en nuestros orígenes y cada vez que veo estas fotos me digo ¿esto que es?. ¡Es que teníamos una pinta!».
Pedro Calero es el pianista, que también asiste a la entrevista para rememorar estos 25 últimos años de Los Inlavables. Estuvo en la banda en el 2004, abandonó por motivos de trabajo y ahora vuelve a estar ahí, con un toque que pretende enriquecer el sonido del grupo porque órgano y piano se avienen muy bien con los caminos por los que Los Inlavables están transitando en su última etapa. A Calero le parece increíble que las instituciones no apoyen la conmemoración de los 25 años de una banda como Los Inlavables. Y es que el grupo no parece capaz de encontrar un espacio privado para celebrar el concierto de presentación de su quinto disco y los auditorios institucionales se hacen inaccesibles. Gene interviene entonces para recordar que la gente tiene hoy problemas más importantes que la música «porque a veces se trata de poder comer». «A nosotros no nos gusta dar el coñazo ni la gente está para comprar discos o ir a espectáculos -reconoce-; aunque sería estupendo que nos pudieran ayudar a pagar esto». Genio y figura durante 25 años y más. Fuente hoy.es
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Inlavables 1989 Inlavables 1989  Inlavables 1989  Inlavables 1989        http://www.hoy.es/v/20131116/sociedad/inlavables-monumento-musical-extremeno-20131116.HTML http://badajozylaguerraincivil.blogspot.com.es/ |
Thursday, November 14, 2013
Las empresas aseguran que el Ayuntamiento sabía que iban a despedir a trabajadores
Lissavetzky cree que la alcaldesa debería dimitir si ocultó las cifras del recorte
B. G. GALLO / P. ÁLVAREZ Madrid 13 NOV 2013 - 23:54 CET
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Sin embargo, el pliego de cláusulas administrativas del contrato de gestión integral de limpieza y jardines obligaba a las empresas que concurrieran a presentar un estudio económico “detallado” de sus ofertas, con los “puestos de trabajo y plantilla, por categorías y turno, diferenciando directos de indirectos”. Fuentes municipales señalaron, por el contrario, que la información requerida a las empresas sobre empleo tenía un carácter general, se refería solo a costes laborales durante todo el contrato (ocho años, prorrogables a 10) y carecía de carácter vinculante.
Un portavoz de las tres concesionarias (OHL, Sacyr y FCC) que han presentado un expediente de regulación de empleo para echar a 1.134 empleados, señaló ayer que el Ayuntamiento conocía sus intenciones cuando adjudicó el contrato el pasado mes de agosto. “La necesidad de la reducción de las plantillas asignadas a los contratos viene obligada por la reducción de presupuesto y por la reestructuración del servicio que marcaban los pliegos, y estaba puesta de manifiesto en las ofertas y era conocida por el Ayuntamiento”, indicó dicho portavoz a EL PAÍS.
El Ayuntamiento agrupó decenas de contratos menores en uno solo de limpieza viaria para poder rebajar su coste un 10%. Pero, además, incentivó a las empresas aspirantes para que presentaran reducciones adicionales de precio, que llegaron hasta el 33%, para asegurarse la adjudicación. Se licitó por 1.943 millones, 373 millones menos que el precio previsto inicialmente.
Los contratos especificaban hasta entonces un número mínimo de empleados, una condición que se eliminó en esta licitación para dar vía libre a las empresas a que se organizaran a su gusto, siempre y cuando cumplieran unos criterios mínimos de calidad. El Ayuntamiento aseguró repetidamente que no tenía por qué haber despidos, puesto que las concesionarias debían subrogarse a los trabajadores de los contratos anteriores. Lo hicieron en la mayoría de los casos (350 fueron al paro). Pero, acto seguido, presentaron el ERE.
El portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, exigió ayer a la alcaldesa que facilite toda la información sobre las ofertas presentadas para comprobar si el equipo de Gobierno “podía deducir el número de despidos” a partir de esta documentación.
Según Lissavetzky, si la información en las ofertas ganadoras coincide con los despidos presentados tras la adjudicación, Botella “no debería tardar ni un minuto más en dimitir” por su gestión y por “ocultar datos”.
En caso contrario, es decir, si las empresas facilitaron unas cifras de empleo en sus ofertas y luego anunciaron un expediente de regulación que afecta a más empleados de lo estipulado, Lissavetzky estudia acudir a los tribunales para lograr la cancelación del contrato por “incumplimiento” de lo pactado.fuente el país.es
Tuesday, November 12, 2013
Bruselas desmiente a Wert sobre el recorte de las becas Erasmus
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"Es completamente erróneo" decir que habrá menos becarios con el nuevo reparto, es una información "62,"
El presupuesto de la Comisión para España sube un 4,3% en 2014 y mucho más después
Luis Doncel / J. A. Aunión Bruselas / Madrid 12 NOV 2013 - 14:24 CET
"La afirmación de que el presupuesto de Erasmus se reducirá y que el número de estudiantes Erasmus se reducirá debido a los nuevos criterios de financiación es completamente errónea", ha dicho el portavoz de la comisaria europea de Educación. Ha admitido que hay nuevos criterios para la asignación del presupuesto para el nuevo programa Erasmus +, basados principalmente en la población de cada país participante, pero ha explicado que está diseñado para "ser más claro y más justo", proporcionando, por ejemplo, apoyo adicional a los estudiantes de entornos desfavorecidos. España no solo no se opuso al nuevo sistema, sino que votó a favor, ha señalado el portavoz.
Bruselas responde así a las informaciones del lunes del ministerio de Wert, donde se aseguró que el nuevo reparto iba a perjudicar a España, porque en lugar de tener en cuenta el número de universitarios se tomaría como referencia la población de cada país. España tiene un porcentaje muy alto de alumnos de enseñanzas superiores (1,5 millones de alumnos el curso pasado). Asimismo, la nota del departamento de Educación aseguró que España se había opuesto a este cambio de criterios, lo cual desmiente absolutamente Bruselas.
Fuentes del ministerio achacan ahora la reducción prevista de becas Erasmus a la mitad al "cambio de criterios de la Unión Europea". Cada becario recibe en estos momentos de Bruselas 115 euros y, según el Gobierno, con los nuevos baremos los alumnos tendrán que disponer como mínimo de 200 euros al mes. De forma que, si hay que dar más dinero a cada estudiante, habrá menos beneficiarios si se mantiene el presupuesto, asegura el ministerio. Fuentes comunitarias vuelven a responder hoy de forma contundente a esta idea: "Es cierto que hemos reducido el margen de flexibilidad, para asegurarnos que la asignación individual por estudiante no es demasiado pequeña. Pero, si el ministerio español decide mantener en 2014 la contribución nacional actual, no habría reducción en el número de beneficiarios".
España sale muy bien parada con la nueva asignación presupuestaria. "A pesar de que es el país con la quinta mayor población de la UE, en 2014 recibirá la cuarta partida más grande del presupuesto total de Erasmus + (casi 124 millones de euros) y la tercera partida mayor para el programa de movilidad (53,4 millones)", explican las mismas fuentes. Eso se debe a que, además del tamaño de la población, también se tiene en cuenta el rendimiento pasado en cuanto al número de estudiantes españoles erasmus. Tan solo Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, por este orden, cuentan con más población.La polémica sobre las becas Erasmus envuelve al ministro Wert y a su equipo desde la semana pasada, cuando se vio obligado a rectificar su decisión de quitar la ayuda económica que da el ministerio a la gran mayoría de estos estudiantes de movilidad con el curso ya empezado. Los erasmus reciben una parte dinero para poder estudiar unos meses en algún otro país europeo de la Comisión, otra del Gobierno central y, en algunos casos, también de las comunidades autónomas.
La parte del Gobierno central se ha visto reducida en más de un 70% en los últimos años, bajando desde 62,7 millones en 2011 a menos de 16 este año. Tras la polémica de la semana pasada y la rectificación forzada por el Gobierno del PP, este año habrá una partida extra para que los erasmus de este año puedan tener, al menos, la ayuda del ministerio que recibieron el curso pasado: 100 euros al mes o 185 para los que a la vez sean beneficiarios de una beca general (destinada a los alumnos con menos recursos). La aportación de la Comisión Europea de este año para los erasmus españoles será de 115 euros al mes.
La cofinanciación ha significado que en el pasado España ha podido enviar el mayor número de estudiantes en el extranjero entre los países participantes en Erasmus (40.500 en 2012/2013). Si las autoridades españolas reducen sus contribuciones nacionales y regionales en el futuro —lo cual entendemos que es su intención—, entonces el número de estudiantes españoles erasmus puede caer, pero eso va a ser del todo una decisión de las autoridades españolas, no de la Comisión, aseguró el portavoz de educación de Bruselas.
El martes de la semana pasada hubo ya un desencuentro entre Educación y Bruselas tras conocerse que los erasmus sin beca general no recibirían la parte de beca del ministerio, medida que luego fue rectificada. Entonces un portavoz comunitario afirmó: "La decisión de las autoridades españolas debería haberse anunciado a los estudiantes antes del inicio del año universitario. Lo que están ahora en el programa Erasmus 2013-2014 se ven penalizados. Deberían haber sido informados de la suspensión o del cambio de la aportación que hace el Gobierno”.
Atocha privatiza sus aseos
Son los primeros baños de una estación de tren que se ceden a una empresa privada para su explotación. Adif no descarta instalar estos servicios en otras terminales, como Chamartín en Madrid o Barcelona Sans, en Catalunya
SABINA ORTEGA Madrid 11/11/2013 12:04 Actualizado: 11/11/2013 16:22A partir de este lunes, los aseos de la estación de Atocha estarán a cargo de una empresa privada. El uso de estos baños, los primeros privatizados en España, costará a los usuarios 0,60 céntimos. Adif ha adjudicado a la empresa holandesa 2theloo la explotación de este servicio durante siete años. Miguel Ángel Campos, director de Servicios y Patrimonio de Adif, afirmaba que "esta medida viene dada porque no hay servicio público que pueda dar una prestación de tal calidad".
Adif, el administrador de Infraestructuras Ferroviarias en España, no descarta ampliar esta privatización a otras estaciones de tren como Chamartín o Barcelona Sans, en Catalunya, aunque todo dependerá del funcionamiento de esta primera prueba.+
En el área comercial y los exteriores de Atocha se situarán tres baños de pago, todos en manos de la misma empresa adjudicataria. Estos baños estarán acondicionados, con permanente personal y que contará, además, con una tienda con productos de la misma empresa. La empresa asegura que al comprar un producto en ella, se descontará el importe de la entrada al aseo. El portavoz de 2theloo, Niels Bakker, resalta que los baños serán "más limpios que en su propia casa". Niels Bakker, indica que "en todos los demás países se paga por el baño" aunque entiende la polémica suscitada por la privatización. La empresa holandesa calcula que usarán este servicio diariamente más de 3.000 persona. Esto supondría más de un millón de usuarios al año, casi el 6% de viajeros, de los 17 millones que pasan por la estación de Atocha. fuente el país.es
Sunday, November 10, 2013
Canal 9--El expolio tras las cámaras
Tras 18 años de escándalos sexuales, despilfarros económicos y manipulación Alberto Fabra cierra la radiotelevisión valenciana
Josep Torrent / Ferran Bono Valencia 8 NOV 2013 - 21:37 CET375
Los últimos años, con el PP al frente del gobierno autonómico, han sido muy intensos informativamente. El sistema financiero valenciano ha desaparecido del mapa, cuando hasta hace nada sus dos cajas de ahorro, Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), ocupaban la tercera y cuarta posición en la clasificación de entidades de ahorro españolas, y el Banco de Valencia, símbolo de una burguesía ilustrada, tuvo que ser vendido por un euro a La Caixa. El miércoles pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ordenaba la detención de cinco directivos de la extinta CAM, ahora en manos del Banco de Sabadell, y un día después enviaba a prisión a dos de sus máximos responsables.
Al mismo tiempo que la justicia detenía por primera vez a unos banqueros de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, anunciaba el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que habían sido despedidos más de 1.000 trabajadores. Fabra explicó que la clausura era innegociable porque no disponía de 40 millones para hacer frente a las nóminas de los periodistas readmitidos (millones que había solicitado al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que este le había negado) y porque no iba a cerrar “un colegio o un hospital para mantener RTVV”, en una curiosa confrontación de derechos, que pocos políticos de su nivel se hubieran atrevido a hacer, y con escaso respeto a la realidad. Antes de clausurar RTVV, Fabra ya había ordenado el cierre de escuelas rurales y había paralizado durante dos años la construcción de hospitales.
La valenciana fue la primera autonomía que se quedó sin un sistema financiero propio y la primera que ha decidido cerrar una televisión pública en un territorio con lengua cooficial, dejando en la calle a 1.660 trabajadores. A cambio, mantiene el aeropuerto sin aviones de Castellón; un edificio de Santiago Calatrava, conocido como el Ágora, que costó 100 millones de euros en el que una vez al año se celebra un torneo de tenis de la serie Masters 500 y, eventualmente, la semana de la moda de Valencia; la Ciudad de la Luz en Alicante, unos estudios cinematográficos que costaron 270 millones que ahora permanecen cerrados y por los que la Unión Europea reclama a la Generalitat que haga frente a una sanción de 265 millones por subvenciones concedidas de forma irregular. Y, para rematar, el esqueleto del nuevo estadio del Valencia CF, todo un paradigma del estallido de la burbuja inmobiliaria. Eduardo Zaplana, el primer presidente del PP, soñó con una autonomía que fuera la vanguardia de muchas cosas. Nunca debió de pensar que lo sería en despilfarro, corrupción y desempleo.
¿En qué momento se fastidió la Televisión Valenciana? La emisora ya nació con algunos problemas. Antes de su puesta en marcha en octubre de 1989, Alfonso Guerra, por entonces vicepresidente del Gobierno de Felipe González, ya había mostrado sus recelos sobre la misma: “¿Una televisión para que salga un Juan [Lerma] [LERMA]cualquiera?”. Pero Canal 9 arrancó. Con una plantilla ajustada, si bien el director general de la época, Amadeu Fabregat, ya intuía lo que iba a pasar. “Se hará grande”, dijo antes de empezar tan siquiera las emisiones. Y tan grande. Con Eduardo Zaplana se llegaron a los 1.496 empleados y con Francisco Camps se batieron todos los récords: 1.820 trabajadores.
La etapa de Fabregat tampoco estuvo exenta de tensiones. Censuró el uso de 593 palabras en valenciano, pese a lo cual la derecha le acusaba de “catalanista” y partidista, y la izquierda de no cumplir los objetivos de la ley de creación y de ser una cadena al servicio del Consell. Un cierto oficialismo ya tuvo; pero comparado con lo que llegó después, sus informativos podría haber pasado por un modelo de pluralismo y profesionalidad. Fabregat, sin embargo, liquidó el equipo directivo de Ràdio 9. Demasiado catalanista e izquierdista para su gusto. Durante la etapa socialista, Canal 9 llegó a tener más del 20% de la audiencia en la Comunidad Valenciana. Las televisiones privadas estaban arrancando y las TDT ni se esperaban.
Y en eso llegó Eduardo Zaplana. En su primer viaje como presidente de la Generalitat a Bruselas hizo toda una declaración de principios: “Canal 9 es el último bastión de los socialistas”. Cómo liquidarlo estaba claro. Propuso a un diputado del PP, José Vicente Villaescusa, sin ninguna experiencia en medios de comunicación como jefe de informativos. El escándalo le obligó a retirar la propuesta. Pero aquello solo fue un paréntesis. Zaplana iba lanzado. El primer director general que nombró, Juan José Bayona, le duró un suspiro, apenas nueve meses. Recuperó a Villaescusa para el cargo de director general y dio su golpe de mano al colocar en la dirección de Canal 9 a Jesús Sánchez Carrascosa, que había sido su jefe de campaña y su jefe de gabinete. Zaplana creó escuela. Los futuros directores generales de RTVV y de su cadena televisiva, hasta la llegada de Rosa Vidal, fueron siempre personas muy cercanas a la órbita de la presidencia de la Generalitat. Carrascosa fue sustituido por Genoveva Reig, jefa de prensa de Zaplana en Benidorm y su directora de comunicación en la Generalitat. Cuando llegó Francisco Camps colocó a Pedro García, que había sido su jefe de campaña y su responsable de comunicación en el Consell, amén de persona de confianza de los principales responsables de la trama Gürtel. Tanto que, durante en un registro del despacho de Francisco Correa, apareció una nota que decía: “Pedro quiere ser director general de Canal 9”. Dicho y hecho. Tras García, Camps colocó al frente de RTVV al periodista José López Jaraba.
El programa Tómbola. / Marcos SoriaHasta Burjassot, donde la televisión tiene sus estudios centrales, llegó la manipulación más descarada, el despilfarro, la corrupción y los escándalos sexuales. Una lista de las trapacerías cometidas en los últimos 18 años desde la televisión valenciana daría para varios volúmenes. Carrascosa puso en antena un programa que definiría por muchos años su programación. Estrenó Tómbola. La telebasura arraigó en Canal 9. El espacio de cotilleos fue el estandarte de la cadena. Dinero a espuertas para sus protagonistas —Jesús Mariñas, uno de los contertulios habituales, reconoció recientemente que cobraba 3.000 euros brutos por programa—, escándalos y audiencia garantizada.
Carrascosa no tenía escrúpulos con tal de conseguir el mayor número de espectadores. En uno de sus programas, El juí d'Alcàsser, sobre el asesinato de las tres niñas de esta localidad valenciana, intentó retransmitir en directo el proceso a Miguel Ricart, uno de los asesinos, y al no conseguirlo contrató a amigos, conocidos y saludados de este que pasaron por el programa. También participaban el padre de una de las niñas y un presunto periodista. Todos cobraban. Y cuanto más salidas de tono fueran sus afirmaciones, más cobraban. Al final, la Guardia Civil, los forenses y el fiscal del caso denunciaron al programa y a los colaboradores por calumnias con publicidad. La sentencia condenó a RTVV a pagar 430.000 euros como responsable civil subsidiaria.
La cadena valenciana se convirtió en una casa de acogida para famosas con apuros económicos o necesitadas de mantenerse en el candelero. Barbará Rey presentó un programa de cocina titulado En casa de Bárbara en el que lo más llamativo eran los problemas de la actriz para seguir los consejos culinarios del experto que explicaba cómo condimentar los platos. La modelo Mar Flores también tuvo su propio espacio, La música es la pista. La música, claro, era en castellano como todo el programa, en una cadena cuyo principal objetivo, por ley, era la promoción del valenciano y la industria audiovisual.
Hasta hace bien poco el lema de Canal 9 podría haber sido perfectamente una expresión valenciana: Serà per diners? (¿será por dinero?) El despilfarro era absoluto. Se subvencionaron sin tasa los equipos de fútbol de la Comunidad Valenciana, se pagó lo que no está en los escritos por la retransmisión de las carreras de Fórmula 1, se mandaron equipos de televisión a los confines del mundo para que Francisco Camps pudiera lucir palmito. El derroche fue continuo y las sospechas sobre el uso fraudulento del dinero crecieron. Canal 9 nunca ha explicado por qué compró los derechos de emisión de los partidos de fútbol de los equipos valencianos de primera y segunda división durante las temporadas 2003-2008 por 459 millones y los vendió por 299 a una televisión privada provocando un quebranto de 160 millones a las arcas públicas.
El colmo del desbarre profesional y empresarial fue la compra a Bernie Ecclestone de los derechos de retransmisión de las carreras de F-1 para la Comunidad Valenciana, cuando se televisaban por Tele 5. TVV pagó 22 millones por las imágenes de Fernando Alonso a bordo de su Ferrari. Se podría pensar que, como en TV3, las retransmisiones se hacían en valenciano. Pero no. El responsable de la narración era un periodista argentino, Víctor Seara, quien firmó un contrato en 2010 por el que percibía 120.000 euros al año por la locución de los grandes premios y un programa de motor que realizó entre los meses de enero y marzo. La última directora general de RTVV, Rosa Vidal, lo denunció por no justificar gastos por valor de 18.000 euros.
La lista de despilfarros es tan larga como nulas las responsabilidades políticas asumidas por la gestión de RTVV. Los presidentes de la Generalitat del PP viajaban con sus periodistas de confianza del ente televisivo. Tanto daba que su asistencia fuera a una final de la Champions, como Eduardo Zaplana que acudió a Milán a presenciar el Bayern-Valencia, o que se tratara de un costosísimo directo de Francisco Camps en una visita a la Amazonas brasileña, coincidiendo en la época en que el presidente de la Generalitat viajaba al extranjero más que nunca, una vez había sido imputado en el llamado caso de los trajes.
Tampoco importó, ya con el agua de la crisis al cuello, favorecer a las dos adjudicatarias de las únicas TDT de ámbito autonómico, Las Provincias TV (del grupo Vocento) y Popular TV (de la Cope), en el pago del canon por el uso del múltiplex de RTVV. Según el vocal del consejo de Administración por Compromís Rafael Xambó, ambas debían pagar 1,3 millones de euros. Pero los exdirectores generales Pedro García y José López Jaraba negociaron unas condiciones, que incluían desde la condonación de la deuda a la compensación por publicidad de Canal 9 en las TDT, de audiencia residual, pasando por la cesión de derechos. Un acuerdo, según Xambó, muy gravoso para la empresa pública. Los contratos de RTVV con ambas adjudicatarias han sido entregados a la fiscalía por si detecta indicios de delito. Tras el anuncio del cierre de RTVV, Las Provincias TV y Popular TV son las únicas cadenas de televisión con idéntica implantación que Canal 9.
La obsesión del PP por controlarlo todo en la Comunidad Valenciana le llevó a protagonizar episodios que a primera vista parecían inexplicables, pero que con el tiempo han ido comprendiéndose. Episodios en los que la cadena autonómica ha sido un instrumento muy útil para según qué fines. Todavía se recuerda por alguno de sus protagonistas, no sin cierta preocupación y espanto, la escena que se desarrolló en el Palau de la Generalitat, con Francisco Camps de presidente, meses antes de la visita en 2006 de Benedicto XVI a Valencia para el Encuentro de las Familias. En un despacho del edificio gótico del siglo XV se encontraban reunidos representantes del Gobierno de Rodríguez Zapatero, del Arzobispado de Valencia y del Consell. En el orden del día, además de los temas de seguridad, la retransmisión televisiva. Los miembros del Ejecutivo socialista daban por hecho que, al tratarse de una visita de Estado, TVE sería la responsable de la emisión. Pero no. Las palabras fueron primero tensas, después desabridas y al final acabaron a gritos. La Generalitat, con el inestimable apoyo del Arzobispado, impuso que fuera Canal 9 la que se hiciera cargo de la retransmisión.
Años más tarde, en la investigación de la trama Gürtel, se descubrió que Teconsa, una constructora leonesa propiedad del empresario José Luis Ulibarri, quien había conseguido la mayoría de las licencias de TDT concedidas por Camps, se había hecho con la adjudicación de los equipos de sonorización de la visita papal. La investigación de Gürtel descubrió que RTVV había adjudicado el contrato por 7,4 millones cuando el coste no superaba los 3,2, según la contabilidad de la trama. La Audiencia Nacional investiga si Correa se quedó con 1,4 millones, Pablo Crespo con 630.000 euros y Álvaro Pérez, El Bigotes, y el entonces director general de RTVV, Pedro García, con medio millón cada uno. Recuérdese la nota que apareció en el despacho de Correa: “Pedro quiere ser director general de Canal 9”. Y Camps le nombró.
Comprar caro productos basura ha sido una constante en RTVV. En 2011 la cadena adquirió tres documentales de marcado carácter ultra a Triskel, una productora vinculada al que había sido su director de antena Fernando López Quintela. Se acordó pagar 532.500 euros sin IVA por unos reportajes que los propios profesionales de RTVV valoraron en muchos menos. La Sindicatura de Comptes (el Tribunal de Cuentas valenciano) constató la existencia de irregularidades en la gestión de este contrato.
El cierre ordenado por Alberto Fabra y la dimisión de Rosa Vidal han provocado que estos últimos días los trabajadores que no estaban incluidos en el ERE tomaran la cadena para autogestionar el servicio público. La mayoría de los empleados que no habían sido despedidos eran los menos conflictivos con el PP, pero la clausura de Canal 9 convirtió unos informativos siempre complacientes con el poder en unos espacios críticos. Durante mucho tiempo esos empleados aceptaron las consignas que se emitían desde los despachos de presidencia de la Generalitat como recordaba recientemente la antigua corresponsal en Madrid. Iolanda Màrmol ha contado cómo en la etapa de Camps tenía prohibido nombrar a Eduardo Zaplana que por entonces era ministro de Trabajo con José María Aznar; pero antes también había sido abroncada por seleccionar unas imágenes en las que el expresidente de la Generalitat aparecía con Maruja Sánchez, la tránsfuga socialista que facilitó la alcaldía de Benidorm a Zaplana.
Las informaciones sobre el caso Gürtel nunca vieron la luz en la televisión valenciana hasta que un buen día sus espectadores descubrieron que Francisco Camps acudía ante el juez para contar toda la verdad sobre los trajes que supuestamente le habían regalado. El silencio ominoso sobre la trama corrupta se extendió sobre el accidente del metro de Valencia. Las protestas de las víctimas nunca aparecieron. Solo se contó la versión oficial de que el accidente fue consecuencia del exceso de velocidad. Estos días de primavera informativa se ha visto a periodistas de la televisión pidiendo perdón por su dependencia de los políticos del PP.
La censura llegó a ser de tal calibre que se llegó a pedir a los responsables de un programa que no se pronunciara el nombre del país de Peter Pan, Nunca Jamás Mai més, en valenciano), por su semejanza con el movimiento gallego Nunca mais. Así se las gastaban. Algunos de estos hechos llegaron a trascender por la existencia del comité de redacción; pero fue por poco tiempo. Desde la Generalitat ordenaron su liquidación.
Una plantilla tan sumisa en líneas generales no se explica sin la red clientelar que se creó desde el despacho del responsable de recursos humanos primero y secretario general de la casa después. Vicente Sanz, exdirigente del PP provincial de Valencia y acusado de practicar abusos sexuales sobre tres trabajadoras de la cadena, contrataba a militantes del PP, concejales, familiares de cargos públicos populares. Una red que se fue extendiendo conforme se ampliaba la plantilla, arrinconando a los profesionales de la primera etapa, a aquellos que, según Zaplana, formaban el “último bastión socialista”. Sanz se encuentra a la espera de juicio.
La orden de cierre decretada por Fabra ha movilizado a sectores sociales de la Comunidad Valenciana que, mayoritariamente, habían dado la espalda a Canal 9, pero que, ahora, con esta decisión han visto la oportunidad de reclamar una televisión pública, plural, profesional, de calidad y en valenciano. Pero Fabra y su Gobierno no están dispuestos a ceder. Ràdio Televisió Valenciana con todas sus sombras y sus escasas luces pronto será historia. La primera televisión autonómica que echará el cierre.fuente el país.es
Al mismo tiempo que la justicia detenía por primera vez a unos banqueros de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, anunciaba el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que habían sido despedidos más de 1.000 trabajadores. Fabra explicó que la clausura era innegociable porque no disponía de 40 millones para hacer frente a las nóminas de los periodistas readmitidos (millones que había solicitado al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que este le había negado) y porque no iba a cerrar “un colegio o un hospital para mantener RTVV”, en una curiosa confrontación de derechos, que pocos políticos de su nivel se hubieran atrevido a hacer, y con escaso respeto a la realidad. Antes de clausurar RTVV, Fabra ya había ordenado el cierre de escuelas rurales y había paralizado durante dos años la construcción de hospitales.
La valenciana fue la primera autonomía que se quedó sin un sistema financiero propio y la primera que ha decidido cerrar una televisión pública en un territorio con lengua cooficial, dejando en la calle a 1.660 trabajadores. A cambio, mantiene el aeropuerto sin aviones de Castellón; un edificio de Santiago Calatrava, conocido como el Ágora, que costó 100 millones de euros en el que una vez al año se celebra un torneo de tenis de la serie Masters 500 y, eventualmente, la semana de la moda de Valencia; la Ciudad de la Luz en Alicante, unos estudios cinematográficos que costaron 270 millones que ahora permanecen cerrados y por los que la Unión Europea reclama a la Generalitat que haga frente a una sanción de 265 millones por subvenciones concedidas de forma irregular. Y, para rematar, el esqueleto del nuevo estadio del Valencia CF, todo un paradigma del estallido de la burbuja inmobiliaria. Eduardo Zaplana, el primer presidente del PP, soñó con una autonomía que fuera la vanguardia de muchas cosas. Nunca debió de pensar que lo sería en despilfarro, corrupción y desempleo.
¿En qué momento se fastidió la Televisión Valenciana? La emisora ya nació con algunos problemas. Antes de su puesta en marcha en octubre de 1989, Alfonso Guerra, por entonces vicepresidente del Gobierno de Felipe González, ya había mostrado sus recelos sobre la misma: “¿Una televisión para que salga un Juan [Lerma] [LERMA]cualquiera?”. Pero Canal 9 arrancó. Con una plantilla ajustada, si bien el director general de la época, Amadeu Fabregat, ya intuía lo que iba a pasar. “Se hará grande”, dijo antes de empezar tan siquiera las emisiones. Y tan grande. Con Eduardo Zaplana se llegaron a los 1.496 empleados y con Francisco Camps se batieron todos los récords: 1.820 trabajadores.
La etapa de Fabregat tampoco estuvo exenta de tensiones. Censuró el uso de 593 palabras en valenciano, pese a lo cual la derecha le acusaba de “catalanista” y partidista, y la izquierda de no cumplir los objetivos de la ley de creación y de ser una cadena al servicio del Consell. Un cierto oficialismo ya tuvo; pero comparado con lo que llegó después, sus informativos podría haber pasado por un modelo de pluralismo y profesionalidad. Fabregat, sin embargo, liquidó el equipo directivo de Ràdio 9. Demasiado catalanista e izquierdista para su gusto. Durante la etapa socialista, Canal 9 llegó a tener más del 20% de la audiencia en la Comunidad Valenciana. Las televisiones privadas estaban arrancando y las TDT ni se esperaban.
Y en eso llegó Eduardo Zaplana. En su primer viaje como presidente de la Generalitat a Bruselas hizo toda una declaración de principios: “Canal 9 es el último bastión de los socialistas”. Cómo liquidarlo estaba claro. Propuso a un diputado del PP, José Vicente Villaescusa, sin ninguna experiencia en medios de comunicación como jefe de informativos. El escándalo le obligó a retirar la propuesta. Pero aquello solo fue un paréntesis. Zaplana iba lanzado. El primer director general que nombró, Juan José Bayona, le duró un suspiro, apenas nueve meses. Recuperó a Villaescusa para el cargo de director general y dio su golpe de mano al colocar en la dirección de Canal 9 a Jesús Sánchez Carrascosa, que había sido su jefe de campaña y su jefe de gabinete. Zaplana creó escuela. Los futuros directores generales de RTVV y de su cadena televisiva, hasta la llegada de Rosa Vidal, fueron siempre personas muy cercanas a la órbita de la presidencia de la Generalitat. Carrascosa fue sustituido por Genoveva Reig, jefa de prensa de Zaplana en Benidorm y su directora de comunicación en la Generalitat. Cuando llegó Francisco Camps colocó a Pedro García, que había sido su jefe de campaña y su responsable de comunicación en el Consell, amén de persona de confianza de los principales responsables de la trama Gürtel. Tanto que, durante en un registro del despacho de Francisco Correa, apareció una nota que decía: “Pedro quiere ser director general de Canal 9”. Dicho y hecho. Tras García, Camps colocó al frente de RTVV al periodista José López Jaraba.
El programa Tómbola. / Marcos SoriaCarrascosa no tenía escrúpulos con tal de conseguir el mayor número de espectadores. En uno de sus programas, El juí d'Alcàsser, sobre el asesinato de las tres niñas de esta localidad valenciana, intentó retransmitir en directo el proceso a Miguel Ricart, uno de los asesinos, y al no conseguirlo contrató a amigos, conocidos y saludados de este que pasaron por el programa. También participaban el padre de una de las niñas y un presunto periodista. Todos cobraban. Y cuanto más salidas de tono fueran sus afirmaciones, más cobraban. Al final, la Guardia Civil, los forenses y el fiscal del caso denunciaron al programa y a los colaboradores por calumnias con publicidad. La sentencia condenó a RTVV a pagar 430.000 euros como responsable civil subsidiaria.
La cadena valenciana se convirtió en una casa de acogida para famosas con apuros económicos o necesitadas de mantenerse en el candelero. Barbará Rey presentó un programa de cocina titulado En casa de Bárbara en el que lo más llamativo eran los problemas de la actriz para seguir los consejos culinarios del experto que explicaba cómo condimentar los platos. La modelo Mar Flores también tuvo su propio espacio, La música es la pista. La música, claro, era en castellano como todo el programa, en una cadena cuyo principal objetivo, por ley, era la promoción del valenciano y la industria audiovisual.
Hasta hace bien poco el lema de Canal 9 podría haber sido perfectamente una expresión valenciana: Serà per diners? (¿será por dinero?) El despilfarro era absoluto. Se subvencionaron sin tasa los equipos de fútbol de la Comunidad Valenciana, se pagó lo que no está en los escritos por la retransmisión de las carreras de Fórmula 1, se mandaron equipos de televisión a los confines del mundo para que Francisco Camps pudiera lucir palmito. El derroche fue continuo y las sospechas sobre el uso fraudulento del dinero crecieron. Canal 9 nunca ha explicado por qué compró los derechos de emisión de los partidos de fútbol de los equipos valencianos de primera y segunda división durante las temporadas 2003-2008 por 459 millones y los vendió por 299 a una televisión privada provocando un quebranto de 160 millones a las arcas públicas.
El colmo del desbarre profesional y empresarial fue la compra a Bernie Ecclestone de los derechos de retransmisión de las carreras de F-1 para la Comunidad Valenciana, cuando se televisaban por Tele 5. TVV pagó 22 millones por las imágenes de Fernando Alonso a bordo de su Ferrari. Se podría pensar que, como en TV3, las retransmisiones se hacían en valenciano. Pero no. El responsable de la narración era un periodista argentino, Víctor Seara, quien firmó un contrato en 2010 por el que percibía 120.000 euros al año por la locución de los grandes premios y un programa de motor que realizó entre los meses de enero y marzo. La última directora general de RTVV, Rosa Vidal, lo denunció por no justificar gastos por valor de 18.000 euros.
La lista de despilfarros es tan larga como nulas las responsabilidades políticas asumidas por la gestión de RTVV. Los presidentes de la Generalitat del PP viajaban con sus periodistas de confianza del ente televisivo. Tanto daba que su asistencia fuera a una final de la Champions, como Eduardo Zaplana que acudió a Milán a presenciar el Bayern-Valencia, o que se tratara de un costosísimo directo de Francisco Camps en una visita a la Amazonas brasileña, coincidiendo en la época en que el presidente de la Generalitat viajaba al extranjero más que nunca, una vez había sido imputado en el llamado caso de los trajes.
Tampoco importó, ya con el agua de la crisis al cuello, favorecer a las dos adjudicatarias de las únicas TDT de ámbito autonómico, Las Provincias TV (del grupo Vocento) y Popular TV (de la Cope), en el pago del canon por el uso del múltiplex de RTVV. Según el vocal del consejo de Administración por Compromís Rafael Xambó, ambas debían pagar 1,3 millones de euros. Pero los exdirectores generales Pedro García y José López Jaraba negociaron unas condiciones, que incluían desde la condonación de la deuda a la compensación por publicidad de Canal 9 en las TDT, de audiencia residual, pasando por la cesión de derechos. Un acuerdo, según Xambó, muy gravoso para la empresa pública. Los contratos de RTVV con ambas adjudicatarias han sido entregados a la fiscalía por si detecta indicios de delito. Tras el anuncio del cierre de RTVV, Las Provincias TV y Popular TV son las únicas cadenas de televisión con idéntica implantación que Canal 9.
La obsesión del PP por controlarlo todo en la Comunidad Valenciana le llevó a protagonizar episodios que a primera vista parecían inexplicables, pero que con el tiempo han ido comprendiéndose. Episodios en los que la cadena autonómica ha sido un instrumento muy útil para según qué fines. Todavía se recuerda por alguno de sus protagonistas, no sin cierta preocupación y espanto, la escena que se desarrolló en el Palau de la Generalitat, con Francisco Camps de presidente, meses antes de la visita en 2006 de Benedicto XVI a Valencia para el Encuentro de las Familias. En un despacho del edificio gótico del siglo XV se encontraban reunidos representantes del Gobierno de Rodríguez Zapatero, del Arzobispado de Valencia y del Consell. En el orden del día, además de los temas de seguridad, la retransmisión televisiva. Los miembros del Ejecutivo socialista daban por hecho que, al tratarse de una visita de Estado, TVE sería la responsable de la emisión. Pero no. Las palabras fueron primero tensas, después desabridas y al final acabaron a gritos. La Generalitat, con el inestimable apoyo del Arzobispado, impuso que fuera Canal 9 la que se hiciera cargo de la retransmisión.
Años más tarde, en la investigación de la trama Gürtel, se descubrió que Teconsa, una constructora leonesa propiedad del empresario José Luis Ulibarri, quien había conseguido la mayoría de las licencias de TDT concedidas por Camps, se había hecho con la adjudicación de los equipos de sonorización de la visita papal. La investigación de Gürtel descubrió que RTVV había adjudicado el contrato por 7,4 millones cuando el coste no superaba los 3,2, según la contabilidad de la trama. La Audiencia Nacional investiga si Correa se quedó con 1,4 millones, Pablo Crespo con 630.000 euros y Álvaro Pérez, El Bigotes, y el entonces director general de RTVV, Pedro García, con medio millón cada uno. Recuérdese la nota que apareció en el despacho de Correa: “Pedro quiere ser director general de Canal 9”. Y Camps le nombró.
Comprar caro productos basura ha sido una constante en RTVV. En 2011 la cadena adquirió tres documentales de marcado carácter ultra a Triskel, una productora vinculada al que había sido su director de antena Fernando López Quintela. Se acordó pagar 532.500 euros sin IVA por unos reportajes que los propios profesionales de RTVV valoraron en muchos menos. La Sindicatura de Comptes (el Tribunal de Cuentas valenciano) constató la existencia de irregularidades en la gestión de este contrato.
El cierre ordenado por Alberto Fabra y la dimisión de Rosa Vidal han provocado que estos últimos días los trabajadores que no estaban incluidos en el ERE tomaran la cadena para autogestionar el servicio público. La mayoría de los empleados que no habían sido despedidos eran los menos conflictivos con el PP, pero la clausura de Canal 9 convirtió unos informativos siempre complacientes con el poder en unos espacios críticos. Durante mucho tiempo esos empleados aceptaron las consignas que se emitían desde los despachos de presidencia de la Generalitat como recordaba recientemente la antigua corresponsal en Madrid. Iolanda Màrmol ha contado cómo en la etapa de Camps tenía prohibido nombrar a Eduardo Zaplana que por entonces era ministro de Trabajo con José María Aznar; pero antes también había sido abroncada por seleccionar unas imágenes en las que el expresidente de la Generalitat aparecía con Maruja Sánchez, la tránsfuga socialista que facilitó la alcaldía de Benidorm a Zaplana.
Las informaciones sobre el caso Gürtel nunca vieron la luz en la televisión valenciana hasta que un buen día sus espectadores descubrieron que Francisco Camps acudía ante el juez para contar toda la verdad sobre los trajes que supuestamente le habían regalado. El silencio ominoso sobre la trama corrupta se extendió sobre el accidente del metro de Valencia. Las protestas de las víctimas nunca aparecieron. Solo se contó la versión oficial de que el accidente fue consecuencia del exceso de velocidad. Estos días de primavera informativa se ha visto a periodistas de la televisión pidiendo perdón por su dependencia de los políticos del PP.
La censura llegó a ser de tal calibre que se llegó a pedir a los responsables de un programa que no se pronunciara el nombre del país de Peter Pan, Nunca Jamás Mai més, en valenciano), por su semejanza con el movimiento gallego Nunca mais. Así se las gastaban. Algunos de estos hechos llegaron a trascender por la existencia del comité de redacción; pero fue por poco tiempo. Desde la Generalitat ordenaron su liquidación.
Una plantilla tan sumisa en líneas generales no se explica sin la red clientelar que se creó desde el despacho del responsable de recursos humanos primero y secretario general de la casa después. Vicente Sanz, exdirigente del PP provincial de Valencia y acusado de practicar abusos sexuales sobre tres trabajadoras de la cadena, contrataba a militantes del PP, concejales, familiares de cargos públicos populares. Una red que se fue extendiendo conforme se ampliaba la plantilla, arrinconando a los profesionales de la primera etapa, a aquellos que, según Zaplana, formaban el “último bastión socialista”. Sanz se encuentra a la espera de juicio.
La orden de cierre decretada por Fabra ha movilizado a sectores sociales de la Comunidad Valenciana que, mayoritariamente, habían dado la espalda a Canal 9, pero que, ahora, con esta decisión han visto la oportunidad de reclamar una televisión pública, plural, profesional, de calidad y en valenciano. Pero Fabra y su Gobierno no están dispuestos a ceder. Ràdio Televisió Valenciana con todas sus sombras y sus escasas luces pronto será historia. La primera televisión autonómica que echará el cierre.fuente el país.es
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