Varios jueces, la Junta y el propio sindicato estudian si hubo financiación ilegal
El País Sevilla 28 SEP 2013 - 20:24 CET
Francisco Fernández, secretario general de UGT Andalucía, en rueda de prensa el pasado agosto. / Paco Puentes
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Tres frentes de investigación tienen bajo la lupa en este momento la financiación de UGT Andalucía: la investigación judicial (en varios juzgados); la interna, por parte del propio sindicato, y la de la Junta de Andalucía, como víctima de la supuesta estafa.
Durante el último mes, el sindicato ligado al PSOE ha acaparado titulares con sospechas de una posible financiación irregular en Andalucía. Llueve sobre mojado, porque la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ya acusó a UGT y a CC OO de financiarse de manera ilegal con 7,6 millones gracias a sobrecomisiones “impuestas de manera arbitraria e ilegítima”. Ahora, informaciones del diario El Mundo denuncian un falseamiento sistemático para inflar facturas de UGT remitidas a la Junta de Andalucía, y así recibir fondos públicos del Ejecutivo autónomo y la UE para supuestos cursos de formación y otros conceptos. Un caso que no tiene nada que ver con el de los ERE pero que, como aquel, podría implicar financiación irregular del sindicato.
Hay ejemplos sonrojantes, como haber facturado comidas de sus empleados en la Feria de Abril de Sevilla en 2010 como parte de la negociación colectiva, o un convite para 1.600 mujeres por el Día de la Mujer Trabajadora facturado como “reuniones de los órganos de participación”. O incluso la pancarta que portó el exsecretario regional del sindicato Manuel Pastrana en una huelga, endosada a un curso de formación de celadores sanitarios financiado por la Junta. El supuesto inflado de las facturas era un sistema habitual de aparente fraude con un saldo favorable para el sindicato, logrado gracias a las diferencias contables entre las facturas reales emitidas por terceras empresas y las que finalmente remitía UGT a la Junta como gastos para percibir subvenciones.
Durante el último mes, el sindicato ligado al PSOE ha acaparado titulares con sospechas de una posible financiación irregular en Andalucía. Llueve sobre mojado, porque la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ya acusó a UGT y a CC OO de financiarse de manera ilegal con 7,6 millones gracias a sobrecomisiones “impuestas de manera arbitraria e ilegítima”. Ahora, informaciones del diario El Mundo denuncian un falseamiento sistemático para inflar facturas de UGT remitidas a la Junta de Andalucía, y así recibir fondos públicos del Ejecutivo autónomo y la UE para supuestos cursos de formación y otros conceptos. Un caso que no tiene nada que ver con el de los ERE pero que, como aquel, podría implicar financiación irregular del sindicato.
Hay ejemplos sonrojantes, como haber facturado comidas de sus empleados en la Feria de Abril de Sevilla en 2010 como parte de la negociación colectiva, o un convite para 1.600 mujeres por el Día de la Mujer Trabajadora facturado como “reuniones de los órganos de participación”. O incluso la pancarta que portó el exsecretario regional del sindicato Manuel Pastrana en una huelga, endosada a un curso de formación de celadores sanitarios financiado por la Junta. El supuesto inflado de las facturas era un sistema habitual de aparente fraude con un saldo favorable para el sindicato, logrado gracias a las diferencias contables entre las facturas reales emitidas por terceras empresas y las que finalmente remitía UGT a la Junta como gastos para percibir subvenciones.
En 2012, UGT percibió 124.000 euros gracias a este repetido falseamiento de facturas emitidas solo por una empresa, Lienzo Gráfico, según informó El Mundo esta semana. Los correos electrónicos publicados muestran un “bote” que constituye jugosos márgenes de beneficio para el sindicato.
UGT y la Junta han puesto en marcha dos investigaciones internas en paralelo para aclarar los hechos, pero diferentes organizaciones han denunciado ante los juzgados sevillanos las sospechas publicadas. Y, de momento, hay tres jueces que indagan la relevancia penal de los hechos. Las diligencias previas abiertas apuntan a posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida. Es muy probable que un solo juzgado acapare todas las denuncias ahora dispersas, pero hasta que las instrucciones no avancen y señalen a presuntos responsables, no se podrá hacer esa conjunción de causas en un mismo órgano judicial, según fuentes del decanato sevillano.
El pasado agosto, los líderes de UGT admitieron posibles “errores” en la facturación de servicios con cargo a los programas de formación subvencionados y crearon un “fondo notarial” de 115.000 euros para devolver el dinero. El secretario general andaluz, Francisco Fernández, subrayó entonces que son 7.000 los cursos impartidos con facturas pendientes de aclarar. A finales de esta semana está previsto que la comisión interna del sindicato, formada por un administrativo de UGT, un abogado y un auditor externos, ofrezca sus primeras conclusiones. Sin embargo, Fernández ya ha avanzado que los 12.716 euros que costó la cena con barra libre en la Feria de Abril para sindicalistas es un claro ejemplo de error en la imputación de gastos remitidos a la Junta.
“Si las informaciones son todas ciertas, es una barbaridad. Soy el primer sorprendido”, admite Fernández, anterior secretario de organización de UGT Andalucía hasta la salida este año del histórico dirigente Manuel Pastrana. A continuación, Fernández intenta quitar hierro a las informaciones: “Trabajamos para clarificar lo que se está publicando. Me dicen que hay cuestiones sin problemas y otras con discrepancias en la facturación. A priori confío en mis compañeros, pese a que según los medios es el acabose del sindicato”, matiza. Fernández alega que ni él ni Pastrana podían fiscalizar la contabilidad de los gastos y convenios desde sus posiciones, aunque no señalan al secretario de Administración y Recursos Humanos, Federico Fresneda. Este rechazó ofrecer su parecer sobre las denuncias de falseamiento de facturas.
UGT y la Junta han puesto en marcha dos investigaciones internas en paralelo para aclarar los hechos, pero diferentes organizaciones han denunciado ante los juzgados sevillanos las sospechas publicadas. Y, de momento, hay tres jueces que indagan la relevancia penal de los hechos. Las diligencias previas abiertas apuntan a posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida. Es muy probable que un solo juzgado acapare todas las denuncias ahora dispersas, pero hasta que las instrucciones no avancen y señalen a presuntos responsables, no se podrá hacer esa conjunción de causas en un mismo órgano judicial, según fuentes del decanato sevillano.
El pasado agosto, los líderes de UGT admitieron posibles “errores” en la facturación de servicios con cargo a los programas de formación subvencionados y crearon un “fondo notarial” de 115.000 euros para devolver el dinero. El secretario general andaluz, Francisco Fernández, subrayó entonces que son 7.000 los cursos impartidos con facturas pendientes de aclarar. A finales de esta semana está previsto que la comisión interna del sindicato, formada por un administrativo de UGT, un abogado y un auditor externos, ofrezca sus primeras conclusiones. Sin embargo, Fernández ya ha avanzado que los 12.716 euros que costó la cena con barra libre en la Feria de Abril para sindicalistas es un claro ejemplo de error en la imputación de gastos remitidos a la Junta.
“Si las informaciones son todas ciertas, es una barbaridad. Soy el primer sorprendido”, admite Fernández, anterior secretario de organización de UGT Andalucía hasta la salida este año del histórico dirigente Manuel Pastrana. A continuación, Fernández intenta quitar hierro a las informaciones: “Trabajamos para clarificar lo que se está publicando. Me dicen que hay cuestiones sin problemas y otras con discrepancias en la facturación. A priori confío en mis compañeros, pese a que según los medios es el acabose del sindicato”, matiza. Fernández alega que ni él ni Pastrana podían fiscalizar la contabilidad de los gastos y convenios desde sus posiciones, aunque no señalan al secretario de Administración y Recursos Humanos, Federico Fresneda. Este rechazó ofrecer su parecer sobre las denuncias de falseamiento de facturas.
José Ginel, responsable de comunicación, define las turbias informaciones sobre la contabilidad: “Podría ser poco ético, pero ilegal, no. Francisco Fernández [secretario regional de UGT] podía firmar y cerrar convenios, pero no [decidir] cómo se facturaba”, defiende. La comisión de investigación interna de UGT espera ofrecer sus primeros resultados esta semana y la Junta confía en culminar su tarea antes de Navidades.
El incesante goteo de informaciones que minan el prestigio de UGT en Andalucía por su supuesta contabilidad irregular desde 2009 puede tener un origen claro, según sospechan fuentes del sindicato: el ERE que este año ha afectado a 159 trabajadores y un ERTE (expediente temporal) con medio centenar de trabajadores damnificados. Un equipo de informáticos contratado por UGT analiza estas semanas los ordenadores en busca del origen de la información, de momento sin resultado.
Pero las informaciones también parecen provenir de empleados actualmente en nómina, a juzgar por la enésima pequeña pesadilla de UGT: las últimas noticias sobre el exdirigente y conseguidor de los ERE Juan Lanzas, al que la juez Alaya sitúa en el centro de la trama de beneficios ilícitos. Esta última información sobre Lanzas señalaba que el exsindicalista pagó su cuota como afiliado hasta el primer trimestre de 2011, mucho tiempo después de iniciada la instrucción de los ERE y pese a que desde 2002 ya no ostentaba cargos en UGT.
El incesante goteo de informaciones que minan el prestigio de UGT en Andalucía por su supuesta contabilidad irregular desde 2009 puede tener un origen claro, según sospechan fuentes del sindicato: el ERE que este año ha afectado a 159 trabajadores y un ERTE (expediente temporal) con medio centenar de trabajadores damnificados. Un equipo de informáticos contratado por UGT analiza estas semanas los ordenadores en busca del origen de la información, de momento sin resultado.
Pero las informaciones también parecen provenir de empleados actualmente en nómina, a juzgar por la enésima pequeña pesadilla de UGT: las últimas noticias sobre el exdirigente y conseguidor de los ERE Juan Lanzas, al que la juez Alaya sitúa en el centro de la trama de beneficios ilícitos. Esta última información sobre Lanzas señalaba que el exsindicalista pagó su cuota como afiliado hasta el primer trimestre de 2011, mucho tiempo después de iniciada la instrucción de los ERE y pese a que desde 2002 ya no ostentaba cargos en UGT.
