El adn franquista del PP (otra vez)

Publicado el 1 octubre, 2013 por Juan Carlos Monedero    

Video de la entrevista con la alcaldesa del PP


La alcaldesa de Quijorna (PP) ve una foto de Hitler o Franco y como si oye llover. Debe de estar tan acostumbrada que ni repara. Le recuerdo que en Alemania, hacer apología de crímenes de lesa humanidad (como los que cometió Franco) son delito y que estaría en la cárcel. La periodista Isabel Sansebastián dice que lo que queremos es llevarles al paredón. No, ni mucho menos. Lo que queremos es que defender al franquismo sea un delito. Y que los franquistas sean vistos como fascistas y que no puedan seguir pasando por demócratas. Solo eso. Esas cosas de nuestra Transición.

Una triple investigación pone bajo la lupa las cuentas de UGT Andalucía

Varios jueces, la Junta y el propio sindicato estudian si hubo financiación ilegal

El País Sevilla 28 SEP 2013 - 20:24 CET

 

 

 

Francisco Fernández, secretario general de UGT Andalucía, en rueda de prensa el pasado agosto. / Paco Puentes

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Tres frentes de investigación tienen bajo la lupa en este momento la financiación de UGT Andalucía: la investigación judicial (en varios juzgados); la interna, por parte del propio sindicato, y la de la Junta de Andalucía, como víctima de la supuesta estafa.
Durante el último mes, el sindicato ligado al PSOE ha acaparado titulares con sospechas de una posible financiación irregular en Andalucía. Llueve sobre mojado, porque la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ya acusó a UGT y a CC OO de financiarse de manera ilegal con 7,6 millones gracias a sobrecomisiones “impuestas de manera arbitraria e ilegítima”. Ahora, informaciones del diario El Mundo denuncian un falseamiento sistemático para inflar facturas de UGT remitidas a la Junta de Andalucía, y así recibir fondos públicos del Ejecutivo autónomo y la UE para supuestos cursos de formación y otros conceptos. Un caso que no tiene nada que ver con el de los ERE pero que, como aquel, podría implicar financiación irregular del sindicato.
Hay ejemplos sonrojantes, como haber facturado comidas de sus empleados en la Feria de Abril de Sevilla en 2010 como parte de la negociación colectiva, o un convite para 1.600 mujeres por el Día de la Mujer Trabajadora facturado como “reuniones de los órganos de participación”. O incluso la pancarta que portó el exsecretario regional del sindicato Manuel Pastrana en una huelga, endosada a un curso de formación de celadores sanitarios financiado por la Junta. El supuesto inflado de las facturas era un sistema habitual de aparente fraude con un saldo favorable para el sindicato, logrado gracias a las diferencias contables entre las facturas reales emitidas por terceras empresas y las que finalmente remitía UGT a la Junta como gastos para percibir subvenciones.

Al caso de los ERE se ha sumado el de las supuestas facturas infladas

En 2012, UGT percibió 124.000 euros gracias a este repetido falseamiento de facturas emitidas solo por una empresa, Lienzo Gráfico, según informó El Mundo esta semana. Los correos electrónicos publicados muestran un “bote” que constituye jugosos márgenes de beneficio para el sindicato.
UGT y la Junta han puesto en marcha dos investigaciones internas en paralelo para aclarar los hechos, pero diferentes organizaciones han denunciado ante los juzgados sevillanos las sospechas publicadas. Y, de momento, hay tres jueces que indagan la relevancia penal de los hechos. Las diligencias previas abiertas apuntan a posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida. Es muy probable que un solo juzgado acapare todas las denuncias ahora dispersas, pero hasta que las instrucciones no avancen y señalen a presuntos responsables, no se podrá hacer esa conjunción de causas en un mismo órgano judicial, según fuentes del decanato sevillano.
El pasado agosto, los líderes de UGT admitieron posibles “errores” en la facturación de servicios con cargo a los programas de formación subvencionados y crearon un “fondo notarial” de 115.000 euros para devolver el dinero. El secretario general andaluz, Francisco Fernández, subrayó entonces que son 7.000 los cursos impartidos con facturas pendientes de aclarar. A finales de esta semana está previsto que la comisión interna del sindicato, formada por un administrativo de UGT, un abogado y un auditor externos, ofrezca sus primeras conclusiones. Sin embargo, Fernández ya ha avanzado que los 12.716 euros que costó la cena con barra libre en la Feria de Abril para sindicalistas es un claro ejemplo de error en la imputación de gastos remitidos a la Junta.
“Si las informaciones son todas ciertas, es una barbaridad. Soy el primer sorprendido”, admite Fernández, anterior secretario de organización de UGT Andalucía hasta la salida este año del histórico dirigente Manuel Pastrana. A continuación, Fernández intenta quitar hierro a las informaciones: “Trabajamos para clarificar lo que se está publicando. Me dicen que hay cuestiones sin problemas y otras con discrepancias en la facturación. A priori confío en mis compañeros, pese a que según los medios es el acabose del sindicato”, matiza. Fernández alega que ni él ni Pastrana podían fiscalizar la contabilidad de los gastos y convenios desde sus posiciones, aunque no señalan al secretario de Administración y Recursos Humanos, Federico Fresneda. Este rechazó ofrecer su parecer sobre las denuncias de falseamiento de facturas.

La central ha creado un fondo para devolver el dinero que cobró “por error”

José Ginel, responsable de comunicación, define las turbias informaciones sobre la contabilidad: “Podría ser poco ético, pero ilegal, no. Francisco Fernández [secretario regional de UGT] podía firmar y cerrar convenios, pero no [decidir] cómo se facturaba”, defiende. La comisión de investigación interna de UGT espera ofrecer sus primeros resultados esta semana y la Junta confía en culminar su tarea antes de Navidades.
El incesante goteo de informaciones que minan el prestigio de UGT en Andalucía por su supuesta contabilidad irregular desde 2009 puede tener un origen claro, según sospechan fuentes del sindicato: el ERE que este año ha afectado a 159 trabajadores y un ERTE (expediente temporal) con medio centenar de trabajadores damnificados. Un equipo de informáticos contratado por UGT analiza estas semanas los ordenadores en busca del origen de la información, de momento sin resultado.
Pero las informaciones también parecen provenir de empleados actualmente en nómina, a juzgar por la enésima pequeña pesadilla de UGT: las últimas noticias sobre el exdirigente y conseguidor de los ERE Juan Lanzas, al que la juez Alaya sitúa en el centro de la trama de beneficios ilícitos. Esta última información sobre Lanzas señalaba que el exsindicalista pagó su cuota como afiliado hasta el primer trimestre de 2011, mucho tiempo después de iniciada la instrucción de los ERE y pese a que desde 2002 ya no ostentaba cargos en UGT.

 

 

Trasladada al hospital la Pussy Riot en huelga de hambre en la cárcel

Tolokónnikova sostenía en una carta abierta que las presas son tratadas como esclavas

AFP / El País Moscú / Madrid 29 SEP 2013 - 17:06 CET

 

 

 

Nadezhda Tolokonnikova, la 'pussy riot' en huelga de hambre. / MAKSIM BLINOV (AFP)

Nadezhda Talokónnikova, una de las Pussy Riot encarceladas, ha sido trasladada al hospital en estado de gravedad debido a la huelga de hambre que mantiene desde el 23 e septiembre, según han informado altos funcionarios del Hospital, afiliado a la prisión.
Tolokónnikova fue condenada a dos años de prisión por haber participado en la 'oración-punk' en el altar de la catedral moscovita del Cristo Redentor, en la que las muchachas integrantes del grupo Pussy Riot pedían a la Virgen que echara al presidente Vladímir Putin del Kremlin.
En una extensa carta abierta, Tolokónnikova, de 23 años, contaba al iniciar su huelga de hambre que las presas son tratadas como esclavas, que deben trabajar 16-17 horas al día, desde las siete y media de la mañana hasta las doce y media de la noche y que, con suerte, pueden dormir cuatro horas diarias. Las obligan a trabajar casi todos los domingos y firmar que lo hacen por "voluntad propia".
Tolokónnikova también denunciaba que la administración penitenciaria se apropia de la mayor parte del dinero que ganan las presas con su trabajo. Así, "en junio de 2013 mi sueldo fue de 29 (¡veintinueve!) rublos [0,67 euros], en circunstancias que nuestra brigada cose diariamente 150 uniformes de policía. ¿Adónde va el dinero que obtienen por ellos?", escribía.
Después de que se publicara su carta abierta, que entregó a su marido cuando este la visitó, Tolokónnikova fue trasladada a una celda donde se encuentra sola con el fin de protegerla, según informaron las autoridades penitenciarias.Fuente ,El País .es

El Gobierno quiere 'militarizar' la Administración del Estado

Propone que los oficiales del Ejército puedan pasar a ser funcionarios civiles y trasladen a sus nuevos compañeros los "valores aprehendidos dentro de la institución militar

J. C. ESCUDIER Madrid 20/09/2013 11:23 Actualizado: 20/09/2013 12:29

Aseguraba esta semana Cristóbal Montoro que España no tardaría en asombrar de nuevo el mundo y puede que el Gobierno esté a punto de conseguirlo. A propuesta de Defensa, el Consejo de Ministros estudiará próximamente un proyecto para modificar la carrera militar que, en esencia, consiste en convertir a militares de carrera en funcionarios civiles y, ya de paso, ‘militarizar' la Administración del Estado.
Más allá de intentar recolocar a los altos mandos militares que sobran en el mastodóntico cuerpo de oficiales del Ejército, la memoria explicativa del proyecto da cuenta también de otro objetivo no menos ambicioso: "beneficiar al resto de las Administraciones públicas del potencial y la experiencia de este personal a través de los valores aprehendidos dentro de la institución militar, generando al mismo tiempo una cultura de defensa y cercanía entre el mundo civil y militar".

Los militares exportarán sus "valores" a los funcionarios civiles

Entre estos valores, obviamente, están el orden, la disciplina, el espíritu de sacrificio y el amor a España que, por lo visto, el Gobierno del PP debe de echar en falta entre los funcionarios civiles del Estado.
La modificación de la ley 39/2007 de la Carrera Militar regulará una nueva situación administrativa a la que se denominará "servicio en otras Administraciones Públicas ajenas a la Administración Militar".
Según Defensa, ello permitirá ampliar las expectativas profesionales de los oficiales y optimizar la gestión de los recursos humanos entre las administraciones públicas. En último extremo, como ya se ha mencionado, permitirá "exportar e intercambiar los conocimientos, experiencia y valores del personal militar al resto de la Administración Pública".
Defensa hace hincapié en que se trata de "dar un impulso a la política de recursos humanos basada en el mérito, la profesionalidad y la responsabilidad: flexible y sensible a las necesidades del servicio público". Los oficiales que se acojan a esta nueva situación administrativa mantendrá su condición de militares, si bien en suspenso. 

La reforma de Bañez hurta a los pensionistas 33.000 millones en nueve años

La memoria económica del proyecto del Gobierno remitida al Consejo Económico y Social contempla ahorros anuales de 5.000 millones a partir de 2019, cuando se introduce el llamado Factor de Sostenibilidad

  EUROPA PRESS Madrid 16/09/2013 19:21 Actualizado: 16/09/2013 19:38

El Gobierno estima que la aprobación en sus actuales términos de la reforma de las pensiones presentada la pasada semana permitirá a la Seguridad Social ahorrar 810 millones de euros ya en 2014 con la aplicación del nuevo índice de revalorización anual de las pensiones. Desde 2015 estos cambios permitirían aumentar el ahorro de forma progresiva hasta alcanzar los alrededor de 5.000 millones de euros anuales a partir de 2019, cuando también entre en vigor el factor de sostenibilidad (FS), hasta 2022. En total, 33.000 millones de euros menos a pagar en el capítulo de pensiones en los próximos nueve años.
Así lo estima en la memoria del impacto económico del anteproyecto de Ley para la regulación del Factor de Sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de la Seguridad Social remitido al Consejo Económico y Social (CES), al que ha tenido acceso Europa Press. Según el anteproyecto de Ley está previsto que, de aprobarse en los próximos meses el texto sin cambios de calado, en 2014 sea de aplicación ya este nuevo indicador de revalorización, que sustituirá al IPC y que tendrá en cuenta no sólo la evolución de la inflación, sino también los ingresos y gastos del sistema para garantizar en todo momento que el sistema paga a los pensionistas el importe que puede soportar.
Concretamente, para revalorizar las pensiones de un determinado año se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones corrientes de los seis años anteriores y la estimación de ese año y los cuatro siguientes (un total de 11 años), a excepción de los correspondientes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Además, se deducirán de estos capítulos los ingresos y gastos referidos a las prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y a las pensiones no contributivas, salvo los complementos a mínimos.
Así, en los años en que el saldo resultante de estos cálculo gastos e ingresos sea menos favorable las pensiones, se revalorizarán previsiblemente por debajo del IPC interanual, aunque siempre con un mínimo del 0,25%. Por el contrario, en los momentos de bonanza éstas podrán incrementarse hasta un 0,25% por encima de la inflación.
El Gobierno, que en su último cuadro macroeconómico prevé que la Seguridad Social cierre todos los ejercicios hasta 2016 en déficit, asegura que con este nuevo indicador el sistema podría reducir sus desequilibrios en 809,6 millones de euros en 2014, en 1.640 millones en 2015, en 2.490 millones en 2016, en 3.359 millones en 2017 y en 4.242 millones en 2018.
Más adelante, el Gobierno espera aplicar el Factor de Sostenibilidad para las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2019, con el objetivo de ajustar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados en cada momento. Este factor de "equidad intergeneracional" se aplicará una única vez para calcular la pensión de esas nuevas altas, de manera que la prestación que recibirán (previsiblemente durante más años al aumentar la esperanza de vida) será equivalente a la obtenida por quien se haya jubilado con anterioridad.
En este punto, . como los años necesarios para recibir el 100% de la prestación o el cálculo de la base reguladora para evitar que esta reforma se solapara con la puesta en marcha en 2011 y que aún está afectando a estos elementos. Una vez entre en marcha este mecanismo en 2019, el Gobierno espera que la reducción de los desequilibrios de las cuentas de la Seguridad Social ronde ya los 5.000 millones anuales hasta 2022.
Mientras el informe de impacto del anteproyecto de Ley de reforma de las pensiones deja claro que la Seguridad Social ahorrará miles de millones actuando sobre la cuantía de las pensiones, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado este lunes en declaraciones Onda Cero que "las pensiones ganarán poder adquisitivo a medio y largo plazo con toda claridad".

El vídeo que España no quiere ver

La juez Alaya comunica a Chaves y Griñán su imputación por los ERE

La instructora lamenta el escarnio mediático que supone la inculpación antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie, pero dice que un artículo de la ley le obliga a ello aunque su aplicación sea nfrecuente

    

PUBLICO/AGENCIAS Sevilla 10/09/2013 13:23 Actualizado: 10/09/2013 17:08

 

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha dictado un auto este martes en el que comunica a los expresidentes de la Junta de Andalucía  José Antonio Griñán y Manuel Chaves que se les abre procedimiento en la causa en calidad de imputados.

En el auto, la juez Alaya también comunica la misma situación para cinco exconsejeros andaluces: la exconsejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; el del Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila; el diputado en el Congreso por Sevilla y exconsejero de Empleo, José Antonio Viera; el exconsejero de Empleo, Manuel Recio; y el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo.
Pese a otorgarles la calidad de imputados, la propia juez sostiene que su decisión no supone una imputación judicial formal de acuerdo a la doctrina del Supremo, sino que pretende dar armas al 'querellado' para defenderse de las acusaciones, en aplicación del artículo 118 de la Ley que regula el proceso penal. Un artículo que la juez reconoce que se aplica muy poco, y que critica por, entre otras cosas, multiplicar de forma lamentable los efectos mediáticos negativos para los inculpados.
Estas imputaciones, que eleva a 123 el número de personas acusadas en el caso de los ERE, se producen el mismo día en el que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía toma posesión y tres días después de que lo hiciera Susana Díaz como jefa del Ejecutivo regional tras la marcha de Griñán.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, acuerda "comunicar la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados a tenor del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", a las citadas personas, por su presunta colaboración para un "uso ilegal y continuado de fondos públicos".

Según el auto, los siete altos cargos permitieron cobrar sobrecomisiones a las mediadoras que gestionaban los ERE o llevar a cabo, "a cambio de ciertos favores, las modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos indiciarios, desde abril del año 2000 ese uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación".
La Junta creó "la partida fraudulenta a través de un trasvase de fondos de la partida presupuestaria adecuada para la concesión de subvenciones, que ascendió a más de 93 millones de euros en menos de dos años", añade el auto. El convenio marco de julio de 2001 y las transferencias de financiación instauradas a partir de 2002 tuvieron como consecuencia "eludir el cumplimiento de la Ley de Subvenciones, que sujetaba el procedimiento a estrictos trámites, y los controles de la Intervención, provocando además millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década", añade Alaya.
La juez hace un análisis de las consecuencias de la imputación de personas aforadas y reconoce que se trata de un proceso con "consecuencias procesales extrañas" y que les deja en "una condición harto peculiar". Así, explica que como juez de instrucción "no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación" pero "sí puede y debe hacer dos cosas: la primera, darles traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean" y la segunda, "tras agotar las diligencias de investigación que en su caso pudieran determinar cierto grado de responsabilidad de los aforados, remitir testimonio de la causa al tribunal superior competente".
Tal como hizo la Audiencia de Sevilla en un auto de julio pasado que respaldó la actuación de Alaya, los aforados que hasta ahora hayan tenido un "conocimiento mediático de la causa" pueden personarse e incluso "solicitar su declaración voluntaria ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin esperar al suplicatorio de dicho tribunal ante las Cámaras a las que hubieren pertenecido".
Alaya dice "ser consciente" de que en la práctica en estos casos puede producirse un "efecto multiplicador de la expectación e influencia negativa de los medios de comunicación sobre dichas personas, pues primero pueden verse señaladas en la presente resolución como imputados, más tarde y en su caso en la exposición razonada si hubiere lugar, y finalmente como inculpados por el tribunal superior, si procediere".
No obstante, la juez considera que es momento de comunicar la existencia del procedimiento a los aforados a la vista de "la relevante documentación aportada, especialmente los informes de la Intervención General, la documentación presupuestaria, la procedente de la Dirección General de Trabajo" y las subvenciones a la Sierra Norte de Sevilla.
Los imputados son Chaves como presidente de la Junta entre 1990 y 2009, Griñán como consejero de Economía y presidente de la Junta entre 2009 y 2013, Viera como consejero de Empleo entre 2000 y 2004, y Martínez Aguayo por su papel como viceconsejera de Economía y luego titular del departamento entre 2009 hasta hoy.También son imputados Recio, consejero de Empleo entre 2010 y 2012, Vallejo como titular de Innovación entre 2004 y 2009, y Ávila como consejero de Economía e Innovación desde 2010 a la actualidad.
Además, la juez ha imputado este martes cuatro delitos al que fuera jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Antonio Diz-Lois, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. El ex alto cargo de la Junta  llegó a la Audiencia de Sevilla poco antes de las 10:30 horas para comparecer ante la magistrada, que le ha imputado sendos delitos de prevaricación, malversación, no promover la persecución de perseguir delitos y delito societario. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones ha pedido medida cautelar alguna para el imputado, que ha quedado en libertad con cargos tras su comparecencia ante la juez.
Fuente ,Publico.es